María de los Ángeles Duarte señaló que la campaña electoral no puede limitar al Gobierno Nacional en la propuesta de leyes en la Asamblea Nacional. En este sentido, aclaró que la Ley de Plusvalía ya fue propuesta meses atrás y por otras razones no fue aceptada por un pequeño grupo de la población, a pesar de que busque una justa distribución de los recursos y riqueza.
Duarte aclaró, además, que esta normativa no es un nuevo impuesto, y lo que se está haciendo es modificar varios artículos del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) en los que se refiere al cobro de la plusvalía por los municipios. “Este impuesto ya existe y es municipal”, dijo la funcionaria, quien expresó que la iniciativa no afectará a la mayoría de ecuatorianos.
Asimismo expresó que lo que se busca la Ley es combatir la desigualdad y especulación que evita a una gran mayoría de ecuatorianos tener vivienda, porque la demanda de las mismas está concentrada en los pobres. “La clase media y alta tiene saturación de oferta de vivienda. Aquel que no busca especular, que es la gran mayoría de ecuatorianos, no será afectado con la Ley”, acotó.
De su lado, José Hidalgo fue claro en señalar que los efectos que produce la Ley de Plusvalía sobre el sector de la construcción e inmobiliario son nocivos, y desalienta la inversión en nuevos proyectos en una actividad que viene reportando una baja sostenida en la demanda laboral. “La propuesta no hace más que profundizar el bache por el que está pasando el sector de la construcción”, enfatizó.
Dijo, también, que la Ley golpeará los intereses de las personas que financian el desarrollo de un proyecto inmobiliario, y echará abajo la economía en general del país que de acuerdo a la Cepal en 2017 tendrá un crecimiento del 0.3% y ese sería el peor desempeño de la región después de Venezuela. “La Ley busca desviar la atención de temas más graves, como el incremento del encaje bancario”, concluyó.
Mientras tanto, Patricio Donoso calificó a la propuesta del Presidente Correa como un proyecto confiscatorio que matará los sueños de la gente de mejorar su patrimonio, y al mismo tiempo, apuntó, afectará al empleo, que en el sector de la construcción ya se han pedido alrededor de 54.000 en 2015. “Es una locura cobrar un 75% de impuesto a la plusvalía, cuando ya pagamos el impuesto de mejoras y predial todos los años”, explicó.
Afirmó, además, la Ley de Plusvalía es doblemente confiscatorio porque no dice nada cuando una propiedad baja de precio, y únicamente se fija cuando sube. Por ello, aclaró que como jefe de bloque del Movimiento CREO pedirá el archivo del documento. “Que pasa si se registra una minusvalía de un terreno porque se construyó un cementerio, una funeraria o una fábrica que genera mucho ruido y daña el medio ambiente. Así se pierde el valor de un bien. No hay derecho que corte los sueños de la gente”, finalizó.
