Varios líderes de la oposición venezolana aseguraron hoy que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país que declaró «inconstitucional» la ley de amnistía para los opositores presos se dio por orden del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
«Estaba avisada la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por el bufete inconstitucional tal como lo había ordenado Maduro», señaló en la red social Twitter el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Henry Ramos Allup, poco después de que se conociera la decisión.
El propio Ramos Allup había asegurado días atrás que esta ley iba a ser rechazada por el máximo tribunal, al que acusó de funcionar como un «bufete» al servicio del Ejecutivo.
El diputado Freddy Guevara, que dirige Voluntad Popular, el partido fundado por el encarcelado Leopoldo López, aseguró que el TSJ «está controlado» por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y que esta sentencia debe reafirmar la necesidad de cambiar al Gobierno.
«Esto que ocurrió hoy tiene que reafirmar la convicción de los venezolanos de que tenemos que acelerar la salida de este Gobierno lo antes posible», dijo Guevara a la radio local Unión Radio al ser consultado por la sentencia.
Por su parte, el excandidato presidencial Henrique Capriles, aseguró que tras esta decisión «la gran mayoría de los venezolanos» sienten «vergüenza» por el TSJ, y por ello aseguró que ahora «más que nunca» la amnistía depende del referendo para revocar a Maduro promovido por la oposición.
El TSJ declaró «inconstitucional la norma que iría a exonerar a decenas de opositores en prisión, y otros en el exilio, acusados de delitos comunes, pero que la oposición califica como «presos políticos» o «perseguidos», la mayoría de ellos por las protestas antigubernamentales de 2014, entre los que se encuentra López.
La Sala Constitucional del TSJ consideró, entre otras cosas, que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional «en nada conduce o colabora a una reconciliación nacional sino a una impunidad escandalosa en detrimento de la moral pública».
En la misma jornada, el presidente Maduro, que siempre se opuso a la norma, anunció la instalación de una comisión de la verdad para investigar los hechos y reparar a las víctimas de las protestas de 2014.
El diputado Julio Borges, líder de la fracción opositora que controla el Parlamento cuestionó que esta comisión se conforme luego de «torpedear» la ley de amnistía.
