La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Fundamedios de Ecuador e IPYS de Perú firmaron un comunicado en Sucre, capital de Bolivia, de rechazo a una posible «concesión del estatus de refugiado» a Ochoa, que junto a la exasambleísta ecuatoriana Sofía Espín solicitó refugio en Bolivia.
La asociación boliviana, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reclamaron al Gobierno de Bolivia que Ochoa sea devuelto a las autoridades ecuatorianas «para que responda por delitos cometidos en ejercicio de funciones públicas». «No existe ninguna causa para que pueda ser considerado un perseguido político, pues en el Ecuador debe responder a un juicio», argumentaron.
Al respecto, añadieron que el juicio versa sobre acusaciones por falsificación de documento público para sancionar «fraudulentamente» a once medios de comunicación y por malversación de fondos públicos al ordenar la impresión de 300 000 ejemplares de la Ley de Comunicación «que contenía alteraciones a la norma».
El pasado martes la Cancillería de Bolivia confirmó la solicitud de refugio, que estas organizaciones consideran que «no se debe prestar para proteger a quienes son acusados de delitos comunes». Ecuador envió la semana pasada a la Cancillería de Bolivia el reporte judicial sobre Espín y Ochoa, en el que se constata que son requeridos por la Justicia ecuatoriana y «no son perseguidos políticos».
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó en enero una orden de prisión preventiva contra Espín, después de que incumpliera la medida de presentarse periódicamente ante el tribunal, tras haber sido acusada de tratar de influir en una testigo de cargo en un caso que salpica al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Asimismo, un juez ecuatoriano ordenó prisión preventiva, con fines de investigación, contra Ochoa, acusado de presunta falsificación y uso irregular de documento. El ex alto cargo está acusado de haber cometido abusos en la aplicación de la Ley de Comunicación, tildada como «mordaza» por gremios de periodistas, y de presuntamente haber alterado un texto para sancionar a medios de comunicación.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
