Más de 13,4 millones de documentos de los despachos de abogados Appleby (Bermuda) y Asiaciti Trust (Singapur), y 19 registros mercantiles revelaron de nuevo cómo opera la industria ‘offshore’ bajo el título de “Paradise Papers”.
Así se denominó a la investigación periodística basada en una filtración múltiple. Y accedieron a los registros mercantiles de 19 jurisdicciones: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago; Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu; Malta, Líbano y Labuán.
La documentación fue obtenida por un diario alemán y compartida con ICIJ, y otros 94 medios internacionales, entre ellos The New York Times, Univisión, The Guardian, BBC, Le Monde y La Nación de Argentina. En total, más de 380 periodistas de 67 países investigaron durante un año 1,4 terabytes de información.
La nueva investigación sobre paraísos fiscales, que tendría mayor impacto que los Panama Papers, salpicó a varios líderes mundiales. Entre los 127 implicados se destacan la reina Isabel II de Inglaterra, el príncipe Carlos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el yerno de Donald Trump, Jared Kushner; el piloto de fórmula 1, Lewis Hamilton y los cantantes Bono, Madonna y Shakira.
Pero ¿Cuáles son los daños colaterales de que los ultrarricos secretamente inviertan vastas cantidades de dinero en los popularmente llamados «paraísos fiscales»?
La filtración de los Paradise Papers, una inmensa cantidad de documentos financieros que detallan las actividades financieras de algunas de las personas más ricas y corporaciones más poderosas del mundo, reavivó el debate sobre los centros financieros offshore.
En particular, se cuestionó su posible relación con la pobreza dentro y entre países.
De acuerdo con diversas fuentes, las enormes cantidades de dinero que se calcula circulan en sistemas financieros secretos están empobreciendo al mundo.
Debido a los paraísos fiscales, la desigualdad es significativamente peor de lo que los economistas miden», afirma Tax Justice Network, una coalición internacional de investigadores y activistas sobre regulación financiera.
En términos simples, el argumento es que, al ocultar su riqueza en paraísos fiscales, las personas y empresas eluden el pago de impuestos en los países donde hacen negocios y amasan su dinero.
Eso, a su vez, priva a los gobiernos locales de los recursos que tanto necesitan para financiar servicios públicos (como salud o educación) y proyectos de infraestructura (como rutas y hospitales).
Teóricamente, el déficit se termina por convertir en un problema para el ciudadano común.
«Los gobiernos o bien tienen que recortar servicios o bien deben compensar la caída en recaudación aumentando los impuestos en todos los demás ciudadanos», sostienen desde Oxfam, una ONG con sede en Reino Unido.
«Ambas opciones hacen que las personas más pobres pierdan y que la brecha de desigualdad crezca», agregan.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la pérdida anual global por la evasión fiscal asciende a US$240.000 millones.
Este sistema «está absorbiendo la vida de los estados de bienestar en el mundo rico», aseguran desde Oxfam.
Pero, la situación es aún más dramática en los países más pobres.
Sólo la evasión de impuestos corporativos cuesta al menos US$100.000 millones cada año a los países no desarrollados.
«Esto es dinero suficiente para proporcionar educación a 124 millones de niños y prevenir la muerte de casi 8 millones de madres, bebés y niños al año», afirman.
Así que mantener dinero en paraísos fiscales es más grave de lo que pueden argumentar los abogados de todas las personas vinculadas con estos hechos y que hoy por hoy son un escándalo mundial.
