Precisó que el tema de compañías offshore domiciliadas en paraísos fiscales incentiva la fuga de capitales, limita el crecimiento de los países en vías de desarrollo, genera concentración de riqueza, es una especie de refugio para esconder dineros de procedencia ilícita, que se protegen por el secreto o sigilo bancario y, lo más grave, se utilizan para evadir el pago de impuestos.
Comentó que cada año se filtran cerca de 200 mil millones por evasión de impuestos en los países en vías de desarrollo y que, incluso, esta situación pone en riesgo el sistema de dolarización en el caso de nuestro país. Indicó que en Ecuador se ha establecido 94 grupos económicos con integrantes en paraísos fiscales y/o relacionados con Mossack Fonseca, de los cuales 23 han transparentado datos sobre el último propietario o beneficiario. También, informó que cinco universidades particulares están relacionadas con ese tipo de grupos económicos, cuyos datos al respecto los ampliará en otra comparecencia.
Entre tanto, la asambleísta Marisol Peñafiel, una de las requirentes de información, expresó que los grupos de poder se han quejado que viven una supuesta crisis, pero es evidente la bonanza que les ha permitido enviar su riqueza a paraísos fiscales. Es fundamental definir el impacto de ese modo de actuación en la economía nacional, cómo afecta la salida de divisas al sistema de dolarización y de tributación y si es necesario mejorar los controles legales.
Dijo que la Constitución y la Ley de Educación disponen, entre sus fines, a las universidades y escuelas politécnicas la presentación de soluciones concretas a los problemas del país, la vinculación con la sociedad y la prohibición del lucro, sin embargo, vemos que las particulares hacen de la educación el gran negocio y lo que faltaba están involucradas en empresas offshore, en actitud poco ética.
De su lado, Christian Viteri alertó que ciertas empresas contratan a compañías de papel para servicios de asesoría inexistentes, que, al final, terminan llevando dineros a paraísos fiscales, relacionados con el estudio jurídico Mossak Fonseca.
Miguel Ángel Moreta denunció que las empresas a más de incumplir sus obligaciones tributarias, irrespetan los derechos de los trabajadores, al citar que a los obreros encargados de la construcción del proyecto Tohachi Pilatón les reconocieron, en promedio, 800 dólares como utilidades del 2014 que les cancelaron el 2015.
Nicolás Issa pidió la convocatoria de la Unidad de Análisis Financiero para analizar los mecanismos más idóneos que permitan evitar cualquier evasión de impuestos.
Fausto Cayambe coincidió con la inquietud de participación de universidades en empresas offshore, al sostener que en el 2014 entre dineros que ingresan y salen hay una diferencia de 5 mil millones de dólares, lo que significa 750 millones de dólares que se dejaron de pagar por 15% a los trabajadores, a más de ello es preocupante que todavía más de 60 empresas no transparenten lo atinente al último beneficiario.
