Un viejo candado y una cadena oxidada sostienen la pesada puerta de metal. Es la única entrada al terreno de 5 000 m², que está desolado.
Todo se halla cercado con un cerramiento levantado con hojas laminadas. Allí debía construirse el Hospital de Pedernales, una obra fallida por la que hoy están procesados el exlegislador Daniel Mendoza y el parlamentario Eliseo Azuero.
El proyecto arrancó en agosto del 2019, pero su primer ofrecimiento se produjo en marzo del 2017, un año después del terremoto en Manabí.
En ese mes, el entonces presidente Rafael Correa anunció que la construcción tomará un año. Pero nada sucedió. Un nuevo compromiso se conoció a finales del 2018.
Para entonces, se dijo que el trabajo arrancaría en el 2019, pero la primera licitación se suspendió porque la firma contratada entregó garantías falsas.
En febrero pasado se adjudicó la obra al Consorcio Pedernales Manabí. Hoy su procurador, José Véliz, está procesado penalmente y detenido.
Esta semana, el Diario El Comercio llegó a Pedernales y habló con los pobladores. Ellos recuerdan cada detalle de lo ocurrido y cómo se quedaron únicamente con el terreno.
La maquinaria pesada que allí trabajaba tampoco está. La Veeduría Ciudadana que vigiló la construcción tiene en su poder documentos sobre las irregularidades detectadas en los procesos precontractuales.
En un informe se dice que de 22 oferentes se eligió al Consorcio Pedernales Manabí, pese a que tenía certificados de experiencia invalidados.
Las pesquisas determinaron además que un representante era gerente general de una empresa subcontratista, hecho que se encuentra prohibido.
Alvin Vera, coordinador de la veeduría, recuerda que pese a todas estas observaciones, la obra arrancó en febrero. Eso también lo sabe Magali Valencia.
Desde la casa de esta moradora se ve el terreno vacío. Ella es parte de las 368 familias que fueron reubicadas tras el terremoto del 2016.
Su urbanización está frente al predio destinado para el hospital. Allí, los vecinos dicen que al principio entraron cinco volquetas y dos retroexcavadoras a remover la tierra.
Juan Ospina, otro vecino, cuenta que también se veía a ingenieros para la obra y a delegados del Ministerio de Salud. El nuevo centro asistencial debía tener 30 camas, consulta externa, rehabilitación, laboratorio, emergencia, residencia médica, farmacia y hasta un centro quirúrgico.
Pero el 14 de mayo pasado, 20 policías y fiscales ingresaron al terreno y detuvieron a uno de los miembros del Consorcio. Los veedores también estuvieron presentes ese momento.
La gente dice que a partir de ese día la obra se paró, al igual que las volquetas y retroexcavadoras. Luego, la gente se enteró que el dinero para la construcción había desaparecido.
Según las investigaciones, los hoy imputados desviaron USD 7,3 millones. En Pedernales se comenzó a hablar de una red que operó en el proyecto.
Ahora, la gente concurre a un centro de salud. También hay un hospital móvil, compuesto por cuatro contenedores. Allí se atienden infecciones estomacales, dengue, sika, chikungunya y emergencias por accidentes viales.
Estos son los cuadros más frecuentes. Con 20 camas, esa casa asistencial móvil opera desde diciembre del 2018. Cuando fue instalada, funcionarios del Ministerio de Salud aseguraron que permanecerá en Pedernales hasta que se construya el hospital fijo.
Ahora, los pacientes solo piden que se mantengan esas instalaciones. Los habitantes han realizado cinco protestas y organizaron un grupo denominado Fuerza Viva, para pedir explicaciones de lo que ocurre.
Los pobladores también quieren saber detalles de lo sucedido. Roxanna Loor pide más atención. Ella tiene a su tía internada por diabetes e hipertensión.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
