Sectores sociales insisten en pedir la renuncia de los vocales y hasta la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), creado con la Constitución de Montecristi, porque creen que incumplió sus principales atribuciones constitucionales de luchar contra la corrupción y elegir autoridades con transparencia.
Este pedido surgió en la campaña electoral, pero se acentuó tras los escándalos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht y la supuesta implicación del contralor Carlos Pólit –electo por el CPC– que se conocieron en días pasados.
Y de hecho, para hoy está prevista la comparecencia de las autoridades del Consejo en la Comisión de Fiscalización que tramita un juicio político contra el contralor.
