Santiago Vallejo, secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó a este Diario que el voto para las personas de entre 18 y 65 años es obligatorio y que debido a la pandemia, si bien será considerada entre los motivos para no sufragar, se debe cumplir con la justificación de manera documentada.
En Ecuador, la multa por no acudir a las urnas es de $ 40 y el certificado de votación es indispensable para varios trámites legales.
Vallejo explicó que las delegaciones provinciales serán las encargadas de revisar las certificaciones del MSP o del IESS tanto de quienes se contagian de COVID-19 como de aquellos que presenten otras emergencias de salud.
“Por ejemplo, si una persona que ha sido detectada como positivo en un examen PCR, inmediatamente el MSP ordena que esa persona guarde el arraigo social, eso debe estar avalado, firmado y sellado… para que pueda servir en caso de que necesite justificar aquello”, añadió.
Informó que los protocolos sanitarios para el 7 de febrero -distanciamiento físico, uso de mascarilla y desinfección de manos- están siendo coordinados con el MSP, el COE y demás organismos locales en todo el país. Para los implementos y logística hay un presupuesto de $ 2,1 millones, casi la mitad de lo que se había programado, debido al recorte.
La prevención también contempla un incremento del número de recintos electorales a escala nacional. De los 3.665 que se abrieron en las seccionales del 2019 ahora habrá 4.276, es decir, un aumento del 16,6 %, señaló.
Para Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana (PC), que monitorea el proceso electoral desde la sociedad civil, se deben reforzar las medidas de bioseguridad, así como el plan de comunicación para que los ciudadanos conozcan a detalle los protocolos a seguir.
“Aún estamos a la espera de cuáles van a ser las medidas. Es necesario que la campaña de difusión empiece ya. Si no se comunica adecuadamente, el 7 de febrero podría convertirse en un escenario de contagio masivo”, dijo.
El consejero Luis Verdesoto reconoce que, más allá de las declaraciones de la titular del CNE, Diana Atamaint, en el sentido de que existe una coordinación interinstitucional, no hay todavía un plan detallado ni se han delineado estrategias, por ejemplo, para evitar las aglomeraciones o establecer condiciones especiales para las personas en situación de riesgo, como horarios segmentados, filas exclusivas o sufragio según el número de cédula, experiencias que fueron aplicadas en las últimas elecciones de Chile y Bolivia.
¿Permitiría usted que su hijo sea parte de una junta receptora y pase allí hasta doce horas? ¿Nos han dicho cómo se procederá para evitar los contagios?, pregunta Verdesoto. En realidad, se responde “el tema de salubridad no está cubierto. Hemos pedido que sea la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la que dé un protocolo de seguridad, pero la presidenta dice que el MSP se hará cargo, lo que implica delegar una competencia que debía cubrir el CNE”.
Nota Original: El Universo – LINK
