Bernal solicita que sean incluidas como “pruebas adicionales” las comparecencias del ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, de Hernán Ulloa, en representación de los exjueces destituidos por el Consejo de la Judicatura, y Martha Roldós, representante de la Comisión Nacional Anticorrupción.
El pedido incluye también el llamado al defensor público, Ernesto Pazmiño; a un representante de Human Rights Watch; así como a Pablo Cordero y Sonia Quezada en el “caso Cuenca sobre conflicto de intereses”.
Adicionalmente consta el pedido para citación a cuatro “víctimas de la mala aplicación de la justicia”. Estos últimos serían Ángel Polibio Córdova, director de Cedatos; el exasambleísta Cléver Jiménez y su exasesor Fernando Villavicencio; así como Francisco Endara.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó el pasado 7 de mayo el pedido de juicio político en contra de Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, y sus vocales.
En los días siguientes, la Comisión de Fiscalización deberá avocar conocimiento de la calificación del CAL, abrir el plazo para las pruebas de cargo y de descargo y definir las comparecencias y elaborar un informe final dando o no paso al enjuiciamiento en el Pleno de la Asamblea.