La Wikipedia es una enciclopedia en línea, colaborativa, en cuyo contenido es posible identificar en el plan de gobierno de uno de los 15 binomios presidenciales calificados en firme por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Uno de los requisitos para la validación de candidaturas para las elecciones del 2021 es que las organizaciones políticas presenten sus planes de gobierno, para las diferentes dignidades en disputa.
Este requerimiento tomó fuerza a raíz de la reconfiguración de la estructura del Estado, con la Constitución de Montecristi. Esteban Ron, docente de la Escuela de Derecho de la UIDE, explicó que la iniciativa pretendía dar realce a la transparencia y tener una mayor certeza sobre las propuestas de los candidatos.
Además, con la premisa de dar relevancia al escrutinio público, en la Ley de Participación Ciudadana se configuró un sistema de fiscalización, que estableció como causal de revocatoria de mandato el incumplimiento de los planes de gobierno de las autoridades.
Sin embargo, el CNE no revisa el contenido de estos planes y se limita a verificar que el documento tenga cuatro capítulos: diagnóstico de la situación actual del país, objetivos generales y específicos, plan de trabajo plurianual y mecanismos de rendición de cuentas.
El binomio presidencial del movimiento Ecuatoriano Unido, conformado por Giovanny Andrade y Katherine Mata, ingresó un plan de gobierno de 36 páginas.
El 61% del contenido corresponde a la descripción de Wikipedia sobre la historia, clima y división administrativa de Ecuador, que se incluyó dentro del capítulo de diagnóstico. El archivo está disponible en la web del CNE.
El plan de gobierno más extenso es el entregado por Xavier Hervas y María Sara Jijón, del partido Izquierda Democrática, con 118 páginas.
El que menos contenido tiene es el de Carlos Sagnay y Narda Ortiz, de Fuerza Ecuador, con apenas nueve hojas de texto. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, reconoce que la normativa no contempla una auditoría a la factibilidad de los planes de trabajo, que terminan siendo un “requisito de forma”.
Tampoco existe la vigilancia de ninguna institución, ya sea la Contraloría, la Fiscalía o el propio Consejo Electoral. El binomio de la alianza correísta Unión por la Esperanza (Unes), integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, promociona la articulación del llamado Wikiplan, que “será una construcción colectiva” de la hoja de ruta de su propuesta.
Sin embargo, Unes ya ingresó su plan de gobierno al CNE, para tramitar su calificación para los comicios del 2021. Entre sus ofertas consta convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
Pita confirmó que no se puede reemplazar los planes que ya reposan en el organismo. La consultora política Dayana León cree que los planes de gobierno son “un saludo a la bandera”, pues muchas de las propuestas no están en sintonía con la realidad ciudadana.
Coincide en que la Ley no obliga a la valoración ni al análisis de los planes, pero cree que el Instituto de la Democracia debería contribuir con el debate y desmenuzar los ofrecimientos de los aspirantes.
Si bien los planes de los quince binomios presidenciales calificados en firme constan en la web del CNE, León critica que los aspirantes no difundan estos documentos durante sus recorridos proselitistas.
“El plan de gobierno no es un elemento estratégico dentro de su campaña electoral”, dijo. El irrespeto a los planes de trabajo no es un tema que recién salta a la palestra pública.
El plan de gobierno entregado por Alianza País (AP) para las elecciones del 2017, donde prevaleció el presidente Lenín Moreno, es una muestra del poco peso de los planes ingresados en el CNE.
En ese documento se plasmó una posición de “izquierda progresista”, del llamado socialismo del buen vivir. Sin embargo, tras la ruptura de la agrupación en el 2017, Moreno se alejó de la línea bolivariana.
En ese texto, por ejemplo, se proponía crear un Banco Público de Comercio Exterior, la puesta en marcha de la fallida Refinería del Pacífico, el cambio de la matriz productiva, o el fortalecimiento de organismos regionales como la Unasur y la Alba, entre otras ofertas que no se plasmaron.
De hecho, en febrero del 2019 se solicitó al CNE que se tramitara un pedido de revocatoria del mandato de Moreno, pero el proceso no prosperó.
La Ley de Participación Ciudadana establece que se puede iniciar un pedido de revocatoria después de un año del arranque del mandato de la autoridad electa, o un año antes de cumplir su período, y por una sola ocasión.
En el plan de gobierno ingresado por el expresidente Rafael Correa, en el 2007, se planteó una revolución ética y de combate a la corrupción, crear una red de comisariatos populares, o la promoción del empleo a través de un plan de vivienda nacional y digna para todos los ecuatorianos, entre otras ofertas que tampoco se cumplieron en su período.
Pita apuntó que cuando se presentan solicitudes de revocatorias, se denuncia el incumplimiento de propuestas generales contenidas en los planes. Ron, al respecto, señala que en esos casos prima la subjetividad, tanto de quien denuncia el incumplimiento, como de la autoridad que emite una justificación.
“Por lo general, los pedidos de revocatoria, desde el 2008, adolecen de fallas en el cumplimiento de formalidades o de la justificación”, apuntó Ron.
En contexto
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no promulga el listado de candidatos que participarán en las elecciones generales del 2021. Debido a la pandemia del coronavirus, los aspirantes fueron autorizados a subir sus planes de trabajo en línea.
Fuente: El Comercio
