Carlos Urbina, presidente de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo, participó en una cita el viernes pasado con el ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Durante la reunión se habría acordado una reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o la emisión de un nuevo decreto ejecutivo para equiparar las pensiones militares.

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Los militares en servicio pasivo reclaman por un «quiebre generacional» en el pago de las pensiones que se generó desde 2006, cuando el expresidente Alfredo Palacio emitió el Decreto Ejecutivo 1569, que establecía un «régimen transitorio en el periodo 2006-2010, en el cual el afiliado que pasa al servicio pasivo accede a una pensión de retiro calculada con un factor anual creciente que se eleva del 76% al 100% del haber militar de la fecha de la baja».

Dicho decreto fue sustituido por el 1515, que fue suscrito por el presidente Rafael Correa, en 2008. Allí se señala que «el sueldo imponible, que equivale al haber militar, y que sirve de base para el cálculo de las prestaciones del Issfa, es el equivalente al 88% del total de la remuneración recibida en el último mes en que se produce la baja».

Para Correa, el Decreto 1569 afectaba «la relación entre el haber militar que percibe el miembro en servicio activo en el mes de su baja y la pensión de retiro a la que accede al pasar al servicio pasivo, dando lugar a que, en algunos casos, la pensión militar sea superior al haber líquido del mismo grado». Pero Urbina considera que la desigualdad persiste. Por tal motivo, se planteó que se emita un reglamento que congele las pensiones hasta que los aproximadamente 25 000 militares afectados puedan alcanzar el 88% del incremento actual.

Urbina dijo que, como él, quienes se retiraron hasta el 2006 se quedaron con un incremento del 66%, mientras que los que lo hicieron luego de ese año salen con el 88%. «Hasta la fecha no tenemos ninguna regularización», apuntó.

El ministro Patiño, en declaraciones para diario El Universo, dijo que es «absolutamente injustificable» que un general retirado tenga pensión de $ 4 800 por toda su vida, y que el más brillante médico, el más destacado educador, o el más extraordinario trabajador del sector público no pueda superar los $ 2.000 de pensión».