El proceso de votación que plantea Ecuador para mejorar las condiciones de la deuda externa en bonos se aplazó. Inicialmente, los acreedores debían votar este viernes, pero ahora será hasta el próximo lunes 3 de agosto de 2020.
Según el Ministerio de Finanzas, el Gobierno tomó esa decisión “en un acto de buena fe”, tras el pedido de la Corte de Nueva York, que trata la demanda interpuesta el 29 de julio por parte de dos fondos minoritarios que poseen menos del 3% de los bonos.
Se trata de las firmas Contrarian y GMO, que reclaman por un trato coercitivo, lo cual ha sido negado por Finanzas. La jueza a cargo de la causa, Valerie Caproni, expresó escepticismo en el pedido de los dos fondos y pidió que argumenten mejor la queja: “por qué está obligando, si (Ecuador) está incentivando un consentimiento” de renegociación de los bonos.
El plan de Ecuador es reemplazar los 10 bonos actuales por tres nuevos instrumentos que comenzarán a pagarse en el 2026, con menor tasa de interés y un recorte del capital.
El país requiere un apoyo del 66% de acreedores; excepto en los bonos 2024, donde es 75%. El proceso comenzó con optimismo porque, tras menos de un mes de negociaciones, el Fisco logró una aceptación del 45% y días después, del 53%.
Michael Murillo, vicepresidente sénior de Mercados Emergentes de Joseph Stone Capital, dijo que ese optimismo se reflejó en Wall Street.
Los papeles ecuatorianos comenzaron a subir de precio y el riesgo país empezó a bajar. Pero el rechazo de un grupo minoritario de tenedores que no está de acuerdo con las condiciones de Ecuador agregó estrés al proceso.
El Gobierno ya rechazó la propuesta de negociación por este grupo, llamado ‘Comité Directivo’, porque dijo que ceder representaría un gran sacrificio económico para el país.
Ampliar proceso es menos probable
Si el 3 de agosto no se concretan los votos necesarios, el Ministerio de Finanzas podría presentar una nueva propuesta mejorando ligeramente los términos de los nuevos bonos y continuar negociando con los acreedores, señaló Siobhan Morden, estratega de renta fija para la región de la firma Amherst Pierpont Securities.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha anticipado que la economía nacional pasa por una situación muy compleja en la cual definitivamente sería “muy doloroso” hacer más sacrificios de los que se están planteando.
La especialista añade que otra alternativa es que Ecuador aplique la estrategia conocida como Pac Man, que está permitida en las cláusulas de acción colectivas de los contratos.
La estrategia consiste en que el Gobierno puede mover o agrupar a los tenedores de sus 10 bonos de manera más conveniente hasta lograr que los votos alcancen para tener la mayoría en la votación.
Esto podría darse porque el Gobierno ya sabría qué acreedores están de acuerdo con su planteamiento luego de la votación. Alcanzar la aceptación requerida El Gobierno evitó un ‘default’ (cesación de pagos) y prefirió pedir a los acreedores que se sienten a negociar un cambio de condiciones; por ello el proceso ha sido aceptado por los acreedores más fuertes, dice Santiago López Alfaro, socio de la consultora Delphos Investment.
Según López, tener más del 50% de la aceptación de fondos de inversión grandes da certezas de que Ecuador alcanzará el porcentaje de votación requerida.
“Ecuador, por estar dolarizado, necesita mantener siempre el canal de endeudamiento externo abierto y, por eso, es urgente que alcance la reestructuración de su deuda. Los dos fondos rebeldes no tienen mucho peso”, acotó.
Si la propuesta de Ecuador se acepta, la deuda en bonos -que representa el 32% de toda la deuda pública- bajará USD 1 540 millones.
Luego de esta renegociación, el Gobierno tiene previsto firmar un nuevo acuerdo de ayuda económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también busca cambios en las condiciones financiera de la deuda bilateral con China.
Un ‘default’ es un escenario lejano
La demanda de los fondos Contrarian y GMO -que antepusieron demanda contra Ecuador y representan cerca del 3% de acreencias- cambió el plazo inicial para votar.
El Gobierno tiene dos plazos que tomar en cuenta. El primero es el de la solicitud de consentimiento, en la que pidió prorrogar intereses de bonos que debían pagarse entre abril y agosto.
Ese plazo vence el 10 de agosto. Otro plazo es el 15 de agosto. Para esa fecha el Gobierno debe tener finalizada la reestructuración de los bonos.
Si esos plazos vencen y Ecuador no ha logrado una solución, el país caería en ‘default’, aunque este es el menos probable de todos los escenarios.
Hogan Lovells, la firma que defiende al Gobierno en este litigio, dijo en la Corte que si el proceso se retrasa más allá de los plazos, el país caerá en ‘default’ en USD 17 375 millones de los bonos y en USD 5 000 millones más de deudas con bancos y otros entes, para los que se aplicarían cláusulas de ‘default’ cruzado.
“Un default general podría evitar que la República acceda a financiamiento, paralizando su economía”, señaló la firma.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
