Ahora se conoce que esas 10 personas forman parte de una organización que se denomina Comunitarios Delitos Flagrantes (CDF).
¿Qué es esa agrupación?
Comunitarios Delitos Flagrantes tiene una página web. Allí se autodenominan como agentes comunitarios que buscan ayudar a las personas y a la Policía a enfrentar la delincuencia.
En ese portal web se detalla que esa organización se fundó el 23 de noviembre de 2011 y opera a escala nacional “para cooperar con las autoridades civiles, policiales e instituciones afines en seguridad comunitaria e intervención en delitos flagrantes”.
Este Diario conversó el martes 22 de febrero con Jorge Luis Vásquez, uno de los representantes de esa organización. Él explicó el trabajo que realizan: “Si vamos por la calle y vemos que un ladrón está robando, nosotros los retenemos. Luego llamamos a la Policía para que lo detengan”.
Aclara que no han hecho operativos o patrullajes por la ciudad. “Nosotros tenemos claro que no somos la Policía y sabemos hasta dónde podemos actuar”.
Además, dice que sus actividades están amparadas en el artículo 526 del Código Integral Penal. Allí se establece que “cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional”.
¿Seguridad?
Vásquez cuenta que Comunitarios Delitos Flagrantes brindan seguridad en eventos públicos y privados, por pedido de dirigentes barriales, para disuadir actos delictivos.
También ayudan cuando hay desastres naturales. Vásquez indica que una de las últimas acciones fue limpiar los escombros y el lodo provocados por el aluvión en La Gasca y La Comuna.
“Nuestro objetivo no es suplantar la identidad ni el trabajo de la Policía o de la fuerza pública, pues entendemos que esa labor no nos compete. Nuestro afán es luchar en pro de la seguridad ciudadana y comunitaria”, sostiene Vásquez.
Asegura que esta organización está conformada por jóvenes, amas de casa, ingenieros, arquitectos, paramédicos, exmiembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Comenta que hay alrededor de 8 000 miembros en el país.
Postura de la Policía
La Policía señala que esta agrupación es una asociación irregular de seguridad ciudadana. En el 2016 ya fueron clausurados por presunta estafa, pero volvieron a operar.
En diciembre de ese año, un contingente policial allanó las oficinas de esa organización en Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Otavalo y Ambato.
Según las investigaciones de esa época, Comunitarios Delitos Flagrantes reclutaban a jóvenes que no pudieron ingresar a filas policiales o militares. Los miembros de esa agrupación cobraban dinero por una supuesta capacitación para pertenecer al grupo de seguridad.
Agentes que rastrean a esta organización indican que actualmente tienen una forma similar de operar. A través de sus redes sociales realizan convocatorias a jóvenes y supuestamente les ofrecen ingresar a la Policía y Fuerzas Armadas.
Por ejemplo, un jefe policial conoció que, en marzo del año pasado, una mujer denunció a un miembro de CDF por presunta estafa. En la queja judicial, la mujer relató que le pidió USD 7 000 a cambio de que su hijo ingrese a la Policía. Ella realizó un pago inicial de USD 3 500, pero el ofrecimiento no se cumplió. Agentes de investigación e Inteligencia han recibido alertas de otros 50 afectados más.
Alain Luna, director de Investigaciones de la Policía Judicial (PJ), detalla que los integrantes de esa agrupación también ejecutaban operativos de seguridad. Actualmente se recaba información para determinar si en esas presuntas intervenciones extorsionaban o no a las personas.
Detalles de la detención de las 10 integrantes
El 17 de febrero de 2022, la Policía encontró a esas personas realizando un presunto operativo antidelincuencial en el sector de Cumandá, en el Centro Histórico de Quito. Fueron acusados por los delitos de usurpación y simulación de funciones públicas, falsificación y uso de documento falso.
Sin embargo, durante una audiencia, un juez dejó libre a 9 de los 10 detenidos. El magistrado indicó que “no representan un peligro para la sociedad”. Solo uno de los aprehendidos fue procesado. Se trata de un ecuatoriano de 36 años que portaba una credencial similar a la de la Policía en el grado de Teniente y Capitán.
Vásquez desmiente las acusaciones de la Policía. Asegura que las 10 personas detenidas no realizaban ningún operativo antidelincuencial y tampoco buscaban extorsionar a la gente.
Agrega que los uniformes que usaban son diferentes a los de la Policía. “No estamos suplantando el uniforme de esa institución”. “No somos un grupo paramilitar, ni delincuentes. Somos una organización, sin fines de lucro, que buscamos ayudar a la comunidad”.
¿Se trata de un grupo parapolicial o paramilitar?
El general Luna sostiene que aún no se les puede considerar así porque no utilizan armas. Sin embargo, el jefe policial subraya que “es un intento de generar una agrupación que a futuro podría convertirse en un grupo paramilitar”. Dice que es peligroso que “proliferen este tipo de agrupaciones”.
“Lo que quieren generar son grupos reactivos con tendencia de formación paramilitar y se escudan en un servicio de seguridad ciudadana”.
Además, Luna argumenta que solo el Estado tienen potestad de uso de la fuerza y reconoce solo a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Así lo señala la Constitución, en el artículo 158.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
