En el contexto de la era de la información, cada día se registran millones de datos bajo distintos procedimientos, mismos que se gestionan y se encuentran expuestos al público. A pesar de la existencia de una normativa internacional y nacional dirigida a la protección de la privacidad e intimidad de las personas, los riesgos surgidos del desarrollo y la expansión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación elevan la vulnerabilidad de las personas en el tratamiento de su información personal.
Frente a esta situación, se impone la necesidad de una regulación del uso público y privado de la información personal y un proceso de concienciación de la colectividad sobre la misma.
La presidenta Gabriela Rivadeneira advierte que “ante la existencia de bases de datos públicas y privadas a través de las cuales se comercializa y difunde información personal, es indispensable una ley que ampare la decisión de las personas sobre sus datos y proteger su privacidad e intimidad, tanto en la esfera de su vida individual como familiar, dando especial relevancia a los derechos de los más vulnerables: niñas, niños y adolescentes”.
El proyecto plantea que cualquier base de datos de las entidades públicas o privadas que contengan datos personales, observen los principios y disposiciones contenidas en la normativa legal para resguardar los derechos a la intimidad y privacidad personal.
La propuesta contempla las principales definiciones sobre la protección de datos personales, los derechos y obligaciones en la protección de datos, tanto de los titulares como de los responsables del tratamiento y responsables de las bases de datos, ficheros o archivos.
Según el proyecto, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales estará a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que deberá velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales.
Prevé que todas las bases de datos de instancias públicas y las bases de datos de empresas e instituciones privadas con fines exclusivamente financieros y mercantiles deben inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales, que será administrado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
Además, regula la transferencia internacional de datos y dispone el régimen de infracciones y sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales.
