El mandatario independentista tiene hasta el lunes a las 10:00 para decirle al gobierno central de Mariano Rajoy si declaró o no la independencia de Cataluña en una sesión celebrada el pasado martes en el Parlamento regional. Si contesta afirmativamente, Rajoy responderá aplicando el artículo 155 de la Constitución.
Una medida drástica y de consecuencias imprevisibles, que le permitirá intervenir las amplias competencias del gobierno catalán, como la sanidad, la educación o la policía regional. Puigdemont no quiso desvelar aún su respuesta, al participar este domingo en un homenaje a Lluís Companys, presidente catalán que en 1934 proclamó una independencia que duró diez horas.
Seis años más tarde, un 15 de octubre, fue fusilado en Barcelona por la dictadura franquista (1939-1975). Con todo, aludió a su compromiso con los resultados del referendo de autodeterminación prohibido del 1 de octubre, que los independentistas dicen haber ganado con un 90% de síes a la secesión y una participación del 43%.
“En un día como éste, el gobierno y yo mismo queremos reiterar nuestro compromiso con la paz, el civismo, la serenidad, y también con la firmeza y la democracia como inspiradores de las decisiones que hemos de tomar”, declaró Puigdemont tras depositar una corona de flores ante la tumba de Companys, en la montaña de Montjuic.
“Ignorar ese mandato democrático (derivado del referendo) no está sujeto a negociación”, abundó en declaraciones a la BBC la consejera regional de Enseñanza, Clara Ponsatí, matizando que si hay diálogo con Madrid sería sobre “tiempos, condiciones y procedimientos”, siempre de cara a una secesión. “Está a tiempo de volver a la normalidad institucional”, replicó tajante el ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido, instando al líder catalán a “contestar que no se ha producido la independencia”.
Una realidad dura
Puigdemont está bajo una formidable presión, tanto política como económica, diplomática y judicial. En su campaña por el referendo, prohibido por la justicia por inconstitucional, los independentistas aseguraron que las empresas no se marcharían de Cataluña y que, ante “los hechos consumados”, la comunidad internacional los apoyaría.
Sin embargo, del 2 al 11 de octubre, 540 empresas hicieron gestiones para sacar de Cataluña su domicilio social, entre ellas los dos mayores bancos de la región, CaixaBank y Sabadell, el grupo editorial Planeta, uno de las más importantes del mundo en lengua española, o Gas Natural. A nivel internacional, los más altos dirigentes de la Unión Europea (UE) también se pronunciaron contra una secesión unilateral, así como países latinoamericanos -México, Colombia, Chile- que mantienen estrechas relaciones con España. Y a todo ello se añade la presión judicial.
Actualmente, la justicia está investigando al gobierno catalán, incluido su presidente, por presuntos delitos como el de “desobediencia”, a raíz de la organización de la consulta del 1 de octubre. Igualmente, ha acusado de “sedición” -un delito que puede conllevar hasta 15 años de prisión- a dos destacados líderes de asociaciones secesionistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
El mismo cargo pesa sobre el comandante de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, que según la Guardia Civil pecó de inacción a la hora de impedir la votación del 1 de octubre. Los tres declararán este lunes ante un alto tribunal, la Audiencia Nacional, en Madrid. Los independentistas aprietan Del lado del secesionismo, la presión que está recibiendo Puigdemont no es menor.
El sábado, su vicepresidente Oriol Junqueras avisó de que si hay un improbable diálogo con el gobierno español o una mediación internacional, la “referencia” deberá ser “la construcción de la República”.
Fuera de su gobierno, la CUP, un partido anticapitalista cuyo apoyo parlamentario es fundamental para la coalición de Puigdemont, dio por “imposible” el diálogo, y exigió al presidente que proclame ya la República con “un acto solemne”. El pasado martes, Puigdemont creó desconcierto cuando en su discurso ante la cámara regional declaró la independencia y la suspendió de inmediato.
Su objetivo era abrir una ventana para el diálogo con Madrid o incluso a una mediación internacional. Lejos de aceptar un diálogo con un mandatario al que acusa de estar “fuera de la legalidad”, Madrid dio de plazo a Puigdemont hasta este lunes para que aclare si aquel día declaró o no la secesión.
Si responde que sí, tendrá hasta el jueves para rectificar, y si no lo hace, el gobierno del Partido Popular recurrirá al artículo 155 con el apoyo de otros dos partidos, el socialista (PSOE) y Ciudadanos (liberal).
Fuente: El Comercio
