Dentro de las investigaciones del caso, una de las personas supuestamente involucradas en el delito involucró a la hermana del Presidente, Pierina Correa, y a la asambleísta por la provincia de Azuay, Rosana Alvarado. Sobre este tema, el Primer Mandatario consideró que se trata de levantar una cortina de humo y distraer el trabajo de la justicia del verdadero tema central.
“Con el apoyo de cierta prensa se está lanzando lodo con ventilador. Pedir, solicitar que se cambie a un policía no es delito. Pero pedir dinero para hacerlo sí es un delito. Lo de Rosana Alvarado es de campeonato, porque ella solicita se cambie a una oficial que la acompañaba porque tenía un embarazo de alto riesgo. Pero se trata de ocultar a los culpables”, manifestó el Primer Mandatario.
Diego Fuentes, viceministro del Interior, explicó que en efecto la solicitud de traslado de un oficial de la Policía no constituye delito, sino el solicitar dinero por el mismo. “Se está tratando de desvirtuar el delito, la corrupción que se encontró. Con la investigación y los análisis que hemos realizado de las solicitudes de traslado policiales se ha detectado que lo que ocurrió fue que se cobró por estos trasladados, los responsables quieren evitar asumir su responsabilidad”, manifestó Fuentes.
