La inversión asciende a los 10,6 millones de dólares y acogerá a 253 servidores públicos de la Función Judicial. Estos números, tanto en su inversión económica como en el total de sus funcionarios, permitirá atender a 800 personas por día. Jueces, fiscales, defensores y servidores públicos operarán en esta moderna edificación.
En su discurso, el Jefe de Estado aseguró que los cambios en la justicia ecuatoriana han sido reconocidos por el mundo entero. Dicha transformación, incluso, ubicaría al Ecuador como el único país del globo en realizar una profunda reforma judicial en siglo XXI. Agregó que la reforma se sostiene en cuatro pilares: infraestructura moderna, normas procesales, carreras de justicia y mesas de justicia presididas por el Consejo de la Judicatura. Esta institucionalidad permite sostener la transparencia, la meritocracia y la eficiencia dentro del nuevo sistema.
La inversión del Gobierno en la reforma judicial asciende a 3.000 millones de dólares, de los cuales 385 millones se inyectaron en la mejoría del Sistema de Rehabilitación Social.
El Presidente ecuatoriano desestimó la supuesta escasa independencia de poderes en la que insisten ciertos opositores políticos y medios de comunicación privados. “En un Gobierno Social Cristiano se llegó a resguardar con tanquetas a la Corte Suprema de Justicia, porque al Mandatario de turno no le gustaba la nómina de los magistrados. En otro Gobierno de la partidocracia, la lista de magistrados salió del bolsillo de un diputado que formó parte de un negociado impúdicamente. Hoy, en la designación de jueces y magistrados impera la más estricta meritocracia”, dijo.
El Primer Mandatario también aprovechó para alertar a la ciudadanía sobre la próxima estrategia política de la oposición, la misma que estaría vinculada a la deslegitimación de la institucionalidad del Estado. “Esta vez le tocará a la Función Judicial, a la que atacarán con la finalidad de llamar la atención diciendo que no existe independencia de poderes”, advirtió.
Las presuntas denuncias por parte de la autodenominada Comisión de Anticorrupción fueron desmentidas por el Presidente Rafael Correa, al igual que los supuestos informes de indígenas perseguidos por el Estado ecuatoriano. En su opinión, estas son estrategias políticas que buscan desgastar al Gobierno a través de campañas mentirosas.
“En un Estado de Derecho no se investigan personas, se indagan delitos (…) Ya basta de jugar con la verdad, con principios sociales para la vida republicana. Pueden opinar lo que quiera, pero se necesita de opinión formada, informada y responsable. En la justicia se necesitan argumentos y un postulado racional, no la opinión”, finalizó la máxima autoridad del Estado.
