Esta es la segunda ocasión, en un año, en que el presidente Guillermo Lasso decreta un estado de excepción por motivos de seguridad ciudadana. La primera fue en octubre de 2021, aunque la Corte Constitucional lo redujo de 60 a 30 días. En esta ocasión, el decreto 411 no regirá en todo el territorio nacional.
El Presidente dijo que el estado de excepción incluye a las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Y “se ampara en el desbordamiento de actividad delictiva que atenta contra el derecho a la vida y seguridad”.
En esas provincias habrá medidas específicas, ya que concentran “la mayor cantidad de homicidios intencionales relacionados con las actividades derivadas del narcotráfico y organizaciones criminales relacionadas al mismo”, según el documento.
Por ejemplo, el Mandatario decretó un toque de queda durante 60 días, entre las 23:00 y las 05:00, que entrará en vigor desde las 00:00 del sábado 30 de abril de 2022, en las parroquias:
- Ximena y Pascuales, de Guayaquil
- Eloy Alfaro, de Durán
- Esmeraldas, de Esmeraldas
La restricción del derecho al libre tránsito no influirá en el personal de servicios esenciales, como salud, seguridad, riesgos, emergencias, abogados, funcionarios judiciales, de los ministerios de Defensa e Interior, la cadena logística de exportación, medios de comunicación y personas que deban trasladarse a aeropuertos.
La decisión del Ejecutivo implica que los militares salgan a las calles para reforzar el trabajo de la Policía Nacional. El Mandatario explicó que se llevarán a cabo controles perimetrales, operativos especiales e investigaciones proactivas.
“Las calles sentirán el peso de nuestra fuerza pública” dijo el presidente Lasso. Y detalló que 4.000 efectivos de la Policía Nacional y 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas serán desplegados en estas tres provincias.
Sin embargo, el documento aclara que, durante este periodo, si los uniformados detienen a personas cometiendo infracciones penales flagrantes, deberán ceñirse estrictamente al debido proceso y poner al detenido a órdenes de la autoridad competente dentro de los tiempos legales.
Y pone la responsabilidad en la Comandancia General de la Policía Nacional, que “deberá instruir adecuadamente al personal que intervenga” en los operativos de control. El decreto llega en un contexto en que la violencia en las calles y la inseguridad se mantienen en niveles más altos que en años anteriores. Las cifras oficiales dan cuenta de una profundización de la violencia criminal en el inicio de 2022.
Fuente: Primicias – Nota original: LINK
