El Jefe de Estado explicó que esta decisión se toma “por inconstitucional e inconveniente” del proyecto, por lo que pasará a la Corte Constitucional (CC) que, en 30 días, deberá pronunciarse a favor o no de la lectura del Gobierno.
En caso de que la CC falle a favor de la opinión del Ejecutivo la derogatoria a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia covid-19 no podrá ser tratada por el Legislativo en al menos un año.
Pasado este tiempo y para tratar el articulado nuevamente la Asamblea necesitará el voto favorable de 92 asambleístas.
“Ante el obrar irresponsable del legislativo y en atención a la responsabilidad constitucional que la Función Ejecutiva ejerce sobre la Administración Pública, corresponde al colegislador actuar con responsabilidad y objetar totalmente este proyecto de ley”, sostuvo el presidente Lasso.
En el documento remitido por el Primer Mandatario además se reitera que la decisión se dio tanto por ser inconstitucional e inconveniente. «…al derogar una ley que permite una recaudación estimada de 946,32 millones de dólares anuales, que se destina para educación salud, y demás prestaciones y servicios públicos, la Asamblea Nacional incumple con su mandato de conducirse de forma responsable y atenta contra la estabilidad y sostenibilidad económica».
Y recordó que: «esta Administración asumió la economía nacional con un déficit fiscal superior a los 7.000 millones de dólares, lo que obligó a tomar medidas como el incremento impositivo enfocado en quienes más poseen, y que mediante una administración prudente se ha logrado reducir dicho déficit a menos de 2.000 millones…».
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
