Frente a estos actos, Manzano lamentó que los esfuerzos que se dan por parte del Estado ecuatoriano siguen siendo mínimos de cara a precautelar la integridad de muchos jóvenes LGBTIQ+ que siguen son ingresados en este tipo de establecimientos en contra de su voluntad.
Agregó que el impulsar, ser cómplices o auspiciar la detención de una persona con este tipo de fines tiene una connotación legal, es decir, están cometiendo un delito que puede llevar a prisión de 8 a 10 años.
Además, Manzano aseguró que no existe un registro específico que permita hacer una valoración exacta de cuántos casos de personas que hayan sido ingresadas en contra de su voluntad en estos “espacios mal llamados clínicas de “deshomosexualización”.
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