La Fiscalía General del Estado lo solicitó y el juez de Garantías Penales, David Lasso, ordenó la prisión preventiva contra Javier B. y la retención de los valores de sus cuentas, por un supuesto cohecho cometido dentro de los contratos con la Empresa Estatal PetroEcuador.

Fiscalía

La audiencia de formulación de cargos  se desarrolló en la Unidad Judicial de Flagrancia,  en Quito, la tarde este miércoles 17. Allí el juez ordenó el inicio de la instrucción fiscal por 90 días, tiempo en el que la Fiscalía investigará si existen posibles nexos con otros casos ya judicializados.

La fiscal Susana Rodríguez informó que las investigaciones en este caso se iniciaron con base en los informes emitidos por la Unidad de Investigaciones Financiera (UAF). Estos habrían detectado operaciones inusuales e injustificadas desde el 13 de febrero del 2014 entre  las empresas de Javier B. y del exgerente de Petroecuador, Alex B.

Existirían 12 contratos suscritos entre PetroEcuador y la empresa OIL Service&Solutions S.A, de propiedad del ahora procesado Javier B., por los que se habrían realizado transferencias inusuales a las  Bahamas, según los registros que se habrían revelado en la investigación de los ‘Panama Papers’.

Además, la Fiscalía incorporó como elementos de convicción,  la suscripción del contrato de “agenciamiento” entre Girbra S.A. (de Alex B.) y  la empresa Arkdale Investment Limited, de propiedad de primos hermanos de Javier B.

Asimismo, en los contratos, la empresa  Arkdale Investment Limited habría asumido la obligación de pagar a Girbra S.A una comisión inicial de 600.000 dólares,  más una comisión del 10% del monto facturado  en cada contrato de venta de servicios a clientes que se genere a partir del 10 de febrero del 2014. Incluso un día antes ya se habrían  identificado transferencias  entre las dos compañías  desde una cuenta del  EFG Bank Ag Zurich, radicado en Suiza.

Javier B. fue detenido la mañana de este miércoles 17 de agosto en Quito.

Dato

Esta sería la cuarta investigación que la Fiscalía apertura dentro de los procesos iniciados a partir de las denuncias registradas por el Consorcio de Periodistas que divulgó la información de las empresas ‘offshore’ registradas en Panamá.