Así, desde este martes, 5 de diciembre del 2017, la Procuraduría quedó fuera del proceso penal y en lo que resta del juicio no podrá presentar pruebas o interrogar a los procesados. Magaly Ruiz intentó justificar el retraso alegando un “percance en el ascensor” del edificio judicial.
Incluso, pidió que se les aplicara otra sanción. Pero Édgar Flores Mier, presidente del Tribunal Penal, no la dejó concluir. “Es una decisión tomada”, insistió. Ruiz y otros dos delegados de la Procuraduría se levantaron y se situaron en la zona asignada al público. Carlos Jurado, un cuarto abogado, optó por salir de la Corte, sin emitir ningún pronunciamiento.
El Código Integral Penal (art. 433) señala que los abogados que representan la acusación particular deben “estar presentes” en la etapa de juicio, “caso contrario se declarará abandonada la demanda”.
Este martes, casi a las 13:30, Ruiz y los otros dos delegados de la Procuraduría abandonaron la Corte. Tampoco dieron declaraciones. En la sala de prensa sí habló César Montúfar. Él también interviene como acusador particular en este proceso, pero solo en contra del vicepresidente Jorge Glas.
El exlegislador advirtió que es “muy grave” que se haya declarado en abandono la demanda de la Procuraduría. “Ellos representan los intereses del Estado. En este momento, el Estado ecuatoriano está sin representación”, comentó Montúfar. Para el exasambleísta, la decisión del Tribunal Penal traerá “enormes consecuencias” sobre el pedido de reparación integral o indemnización.
“La función principal de la Procuraduría era exigir la devolución de los fondos (de la trama de sobornos de Odebrecht)”, explicó. Aníbal Quinde, abogado de Ricardo Rivera, fue quien pidió al Tribunal que tomase en cuenta la ausencia de los abogados enviados por la Procuraduría y provocó la sanción. El defensor adelantó que, en caso de haber una sentencia, aplicaría solo la pena de cárcel y no el pago de una indemnización económica al Estado.
Por la tarde, a través de un comunicado de dos páginas, la Procuraduría rechazó la decisión judicial. Y aclaró que el “Estado no ha perdido su condición de víctima” ni el “derecho a la reparación integral”, pues esta es “independiente de la acusación particular”.
La entidad también aseguró que “espera” que haya una sentencia en contra de los imputados y la responsabilidad de ellos en la trama de sobornos. “Y, en consecuencia, el Estado tendrá derecho a la reparación integral reclamada oportunamente”.
“La Procuraduría inmediatamente solicitó la revocatoria de la decisión, puesto que el atraso de 7 minutos no puede considerarse un abandono de la acusación particular en una audiencia que se inició hace más de 10 días.
Sin embargo, el pedido fue negado de manera inmediata, ante la insistencia de los defensores técnicos de los procesados”, sostuvo la Procuraduría. Pero también señaló que analiza la actuación del funcionario delegado como acusador particular y “tomará las decisiones que correspondan”.
Fuente: El Comercio
