El acto se desarrolló en el auditorio de la Casa Legislativa, en Guayaquil. Al lugar llegaron dirigentes de las organizaciones que son parte del frente: Alianza PAIS, Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Partido Comunista del Ecuador, Centro Democrático, Amazonía Vive, Alfaro Vive Carajo, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Conduce, así como Fuerza Noboleña y Renacer. Para Marcela Aguiñaga, directora provincial de Alianza PAIS, la pregunta que fue presentada la semana pasada en la Corte Constitucional demanda una reflexión ciudadana.
La iniciativa pretende consultar si es correcto que quien tiene sus recursos o inversiones en paraísos fiscales sea candidato o funcionario público. Aguiñaga recordó que el Servicio de Rentas Internas (SRI) estableció que en 5 años se sacaron más de $ 14.000 millones que pudieron generar riqueza en el país. “Buscamos transparentar nuestros actos”.
Mientras que Freddy Viejó, del PSE, recalcó que con estas acciones se clarifican las cuentas y practica la decencia. “Esto no solo es para aquellos banqueros que quieren ser candidatos, sino también para funcionarios y servidores públicos”. Este criterio fue compartido por Sebastián Romero, delegado del movimiento Centro Democrático. Incluso el asambleísta Alberto Arias, del movimiento Conduce, afirmó que si un funcionario del Gobierno está inmerso en esta práctica, de ser el caso, debería recibir una sanción. Para la primera vicepresidenta de la Asamblea, Rosanna Alvarado, la iniciativa no está dirigida a personas, pues va más allá de los nombres al establecer la prohibición de ser funcionario público quien tenga relación con paraísos fiscales.