Los prefectos del país no tienen claro bajo qué parámetros se aplicará la ‘semaforización’ con la que se podrían reducir restricciones de acuerdo al nivel de contagios de coronavirus que registre cada provincia. La resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) es que esta medida se ponga en marcha a partir del 13 de abril, con restricciones distintas según las provincias que estén en rojo, naranjo o verde.
Ernesto Carrasco, viceministro de Salud, manifestó que con un correcto cerco epidemiológico, provincias que tienen pocos casos positivos como Orellana, Napo, Zamora Chinchipe, podrían eventualmente retomar ciertas actividades para que el país se mantenga productivo. “Esta es una medida que tiene que ser estudiada técnicamente y aplicada con la precaución del caso en provincias que se lo pueda hacer”, dijo el funcionario.
Los prefectos de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez; de Azuay, Yaku Pérez; y de Orellana, Magali Orellana, aseguran que es una resolución que la ha tomado el COE sin que se les haya pedido un criterio sobre la viabilidad de la misma. Los tres prefectos tienen posiciones diferentes sobre esta semaforización.
Los argumentos
Jiménez concuerda en que la medida se aplique de acuerdo a la intensidad de contagios que se registren en cada provincia. “No creo que a todas las provincias nos puedan poner en el mismo saco”, dijo el Prefecto.
A su criterio esto obligará a todas las provincias a redoblar esfuerzos para parar la contaminación y así irse incorporando de a poco a esa normalidad tan deseada para todos los sectores. “Acá estamos tomando más medidas, reforzamos el control con los materiales correspondientes para no permitir (la presencia de) personas que de pronto vayan a venir a contaminar a nuestra provincia”, dijo.
Por su parte, Pérez cuestiona la propuesta del Gobierno. “No es la medida acertada, se les está yendo de las manos como se les fue lo de Guayaquil”, considera el Prefecto del Azuay.
Añade que al rato en que se flexibilicen los controles el coronavirus se propagará más y que es más importante precautelar la vida y salud de la población antes que los temas económicos. Para enfrentar la crisis económica da algunas alternativas como imponer un impuesto del 1% a empresas o personas con patrimonio superior a un millón de dólares, suspender el pago de la , deuda externa, entre otras medidas, la reducción del número de asambleístas o que estos juntos a otros funcionarios como ministros donen un mes de sus sueldos, entre otros aspectos.
Mientras que Orellana afirma que la realidad de su provincia es otra, con un alto porcentaje de población flotante, por las características de actividad petrolera que tiene su región.
Los relevos que están llegando a las petroleras son de otras provincias, que en algunos casos tienen alto índice de contagios”, lo que terminaría por generar mayor contaminación, dijo la prefecta, a parte de los subregistros que se están dando y de los portadores asintomáticos.
“Entonces como podemos hablar aquí en Orellana de un semáforo que diga ‘tienen un solo caso’ cuando lo tenemos de sobra”, dijo la prefecta amazónica. Por lo que se muestra en desacuerdo con la medida.
Fuente; La Hora – Nota Original: aquí
