El proyecto, que aún no pasa por la secretaría del Legislativo, fue bautizado con un nombre extenso: Ley Orgánica para el fomento productivo, atracción de las inversiones, generación de empleo y estabilidad del equilibrio fiscal. Tiene 45 artículos, cuatro capítulos y reforma a 18 normas.
El primer capítulo detalla la remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras. Dispone la remisión del 100% de intereses, cuya administración y recaudación le corresponde al Servicio de Rentas Internas (SRI). Establece los plazos para los contribuyentes que quieran beneficiarse: 90 días para las empresas, con un promedio de ingresos durante los 3 últimos años mayor a 5 millones de dólares.
Además, hay remisión de intereses y un plazo de 90 días para los contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado (RISE). La iniciativa contempla la remisión a impuestos vehiculares, matriculación e infracciones de tránsito. Esto vale para los impuestos administrados por el SRI (vencidos al 2 de abril de 2018).
Los deudores tendrán 90 días para pagar el saldo del capital. El SRI podrá otorgar facilidades de pago hasta por 1 año. Reduce intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el IESS hasta el 2 de abril de 2018. Estos van del 50% al 99%, con plazos de 90 días hasta 2 años.
Pero no incluye a los fondos de reserva, préstamos quirografarios, prendarios e hipotecarios. En el capítulo II están los incentivos para atraer nuevas inversiones privadas: exoneración del Impuesto a la Renta por 10 años para las inversiones productivas fuera de la capital y del puerto principal. Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en pagos al exterior por importaciones de bienes de capital y materias primas para nuevas inversiones.
Además, los contribuyentes que reinviertan en activos productivos el 50% de sus utilidades, estarán exentos del pago del ISD. Y las nuevas inversiones que se realicen en el sector industrial serán exoneradas del Impuesto a la Renta por 10 años. Se ampliarán por 5 años, si son en cantones fronterizos del país.
