Una vez que el Consejo de la Judicatura transitorio (CJ) tuvo que retractarse de 8 de los 23 nombres que inicialmente había seleccionado para ocupar los puestos de fiscales provinciales encargados, el pleno resolvió acelerar la reestructuración interna y mejorar “los filtros” de sus decisiones.

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El martes pasado, el titular del organismo, Marcelo Merlo, justificó una nómina con fiscales que habían sido cuestionados por sus vinculaciones políticas o su participación en casos como el 30-S o el asesinato del general Jorge Gabela. Entre ellos estuvo Guillermo Moreno, hermano del presidente de la República.

“Llenándonos de todo el conocimiento y la información se procedió a la designación”, dijo ese día. Sin embargo, dos días más tarde, debido a las críticas recibidas, ocho tuvieron que ser reemplazados.

¿De dónde salieron los nombres iniciales? Merlo admitió que hubo premura debido al “clamor nacional por la despolitización de la justicia” y respondió los detalles dándoles la palabra a los encargados de las direcciones de Talento Humano y de Transparencia de Gestión del organismo.

La explicación oficial fue que el pleno aprobó los nombres porque internamente no registraban cuestionamientos ni objeciones y que la única manera de que se tome en cuenta alguna impugnación en contra de un fiscal era con la presentación de una denuncia formal.