Luego de cuatro días del anuncio de las medidas para encarar la crisis, el Gobierno sigue trabajando en el proyecto de ley económica urgente que se enviará a la Asamblea.
Se ofreció presentarlo el 11 de abril, pero hasta ayer, 13 de abril, no llegó. El ministro de Trabajo, Luis Poveda, adelantó ayer que se analiza ampliar la modalidad de reducción de la jornada.
Este mecanismo consta en el art. 47,1 del Código de Trabajo y aplica en casos excepcionales. Esta norma permite a los empleadores, con un acuerdo previo entre las partes, disminuir el horario de trabajo de 40 a 30 horas semanales, por un período de seis meses, con la posibilidad de extenderse por un tiempo similar.
Mientras dura la reducción, las aportaciones patronales a la seguridad social serán pagadas sobre ocho horas diarias de trabajo, dice la norma vigente.
La propuesta busca que la reducción pueda mantenerse por hasta dos años, y con la opción de renovar dos años más. No habrá un rango determinado de horas que se podrán reducir, sino que el tiempo será establecido en consenso entre el trabajador y el empleador, dependiendo de las circunstancias que enfrente cada negocio, refirió Poveda.
La remuneración deberá ir acorde a las horas efectivamente trabajadas y el pago de obligaciones al Seguro Social se calculará con base en los ingresos en jornada disminuida.
Una vez que se superen los momentos difíciles y la empresa retome la jornada habitual, de 40 horas semanales, los trabajadores volverán a gozar del salario percibido antes de la reducción, añadió la autoridad.
El Código de Trabajo señala que para autorizar la medida, el Ministerio podrá exigir que se demuestre que el mecanismo es necesario por causas de fuerza mayor, reducción o verificación de pérdidas.
Además, el empleador debe presentar un plan de austeridad. Desde que en el país entró en vigencia el estado de excepción, el pasado 17 de marzo, hasta hoy 3 327 empresas decidieron disminuir el horario de trabajo, según datos oficiales.
En este escenario, las empresas y trabajadores se han acogido a cambios como la suspensión laboral, la reducción y la modificación de jornada.
Poveda sostiene que la intención de la propuesta presentada el domingo 12 de abril por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, es generar acuerdos libres que convengan a las dos partes, en momentos de dificultad económica, donde lo que se requiere es mantener el empleo y evitar el mayor número de despidos.
“Sabemos que por el momento están suspendidas las actividades, no hay producción ni liquidez para pagar los sueldos. En abril y mayo se va a sentir el golpe. Lo que buscan todos estos proyectos es defender la estabilidad y los derechos de los trabajadores”, comentó el titular de Trabajo.
Para Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Productividad (CIP), la propuesta del Gobierno es acorde a la realidad que enfrentan los negocios.
La CIP sugiere la creación de una licencia de suspensión de contrato por mutuo acuerdo, y mientras dure la suspensión el trabajador podría recibir una porción de su salario.
Zambrano también cree que se deben agregar, al menos, las cuatro reformas consensuadas previamente en el Consejo de Trabajo y que tienen que ver con la modificación de la distribución de la jornada de 40 horas, eliminación del recargo del contrato eventual, un contrato para emprendimientos y un nuevo mecanismo para la jubilación patronal.
Estos cambios deben reducir los costos de producción, de lo contrario no tendrá un efecto positivo, agregó Gino Descalzi, gerente de Fiorentina Flowers.
El sector floricultor informó que las fincas han tenido que acogerse a la terminación de contratos, por fuerza mayor, pues la demanda es casi nula.
Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, sostiene que es posible sentarse a buscar acuerdos sobre cualquier propuesta, siempre y cuando se garanticen la estabilidad y los derechos laborales, y que los grandes capitales retornen para ser inyectados en la economía.
Para el procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, Cristóbal Buendía, no es necesario reformar el Código vigente, ya que este documento contempla varias figuras contractuales que pueden ser aplicadas por las empresas en estos momentos.
No obstante, Buendía anota que si se busca ampliar la reducción excepcional de la jornada, los empleadores que soliciten la reducción no solo deberían justificar que su compañía está en riesgo, sino que hagan declaraciones juramentadas, “así se los podrá juzgar penalmente si mintieron”.
La norma debe ver más allá de la circunstancia actual y pensar en cómo será el trabajo cuando pase la emergencia sanitaria, dice Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral (Cespla).
Añade que se deben detallar aspectos para el teletrabajo y horarios de desconexión de los trabajadores. Según la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie), los planteamientos “dan vía libre a la desregulación y precarización de los trabajadores y, por lo tanto, reducción de salarios, no prohibición de despidos, posibilidad descontar la cuarentena con vacaciones”, entre otros problemas.
En la Asamblea no hay acogida de esta y otras medidas, como el cobro de contribuciones especiales a empresas y trabajadores. Para mañana, 15 de abril, se prevé que el Pleno reciba a Poveda y al ministro de Finanzas, Richard Martínez.
En contexto
Desde el 2019, el Gobierno busca reformar el Código de Trabajo, sin que hasta el momento se entregue una propuesta formal a la Asamblea. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios llegó a cuatro consensos, entre ellos la distribución de horas de trabajo.
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
