Este modelo de contrato “permite que el contratista asuma los costos de operación, transporte y comercialización correspondientes a su participación. Adicionalmente, la producción es compartida entre el Estado ecuatoriano y la empresa que suscribe el contrato”, añadió la entidad.
Los contratos de participación fueron reemplazados en el 2011 por los de prestación de servicios con la vigencia de la nueva ley. En estos últimos, el Estado contrata servicios ofrecidos por las compañías privadas para la exploración y explotación de petróleo; a cambio se les paga una tarifa.
En los considerandos del decreto se citan algunas razones para volver a esta modalidad de contratos, entre ellas que las inversiones en exploración petrolera han sido “casi nulas” en los últimos años, y que es necesario aumentar las reservas “fomentando la inversión en proyectos en áreas nuevas”.
