Información oficial señala que antes de ser detenido Ricardo Rivera y otros cinco sospechosos fueron rastreados por 14 días. Los agentes vigilaron, fotografiaron y grabaron audios y videos.
De hecho, un capitán de la Dirección Nacional de la Policía Judicial dirigió esas operaciones, que se desarrollaron entre el sábado 20 de mayo y la madrugada del 2 de junio del 2017. El 20 de mayo poco antes de las 15:30, la fiscal Diana Salazar, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, envió un acto urgente a la Unidad Penal de Quito para que se autorizara el seguimiento judicial.
La investigadora advertía en el oficio que conocía información confidencial sobre la existencia de un posible delito de delincuencia organizada perpetrado por la constructora brasileña y los sospechosos.
