La sanción para quienes oferten o vendan suero de leche líquido en el país será de uno a tres años de cárcel, según el texto final de las reformas del Código Integral Penal (COIP) aprobado el pasado 17 de septiembre, en la Asamblea Nacional. La Ley solo exceptúa de la sanción a quienes usen y comercialicen el producto en estado pulverizado.
A criterio del asambleísta Mauricio Proaño, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria, quien se opone a que haya una sanción penal para quienes comercialicen el suero líquido de leche, lo que se debía haber hecho es generar una política de Estado para que el suero de leche tenga un valor agregado a fin de que pueda tener otros usos en la industria e incluso en el campo de la medicina.
“A veces se proponen leyes y se generan normativas como la gubernamental de que la leche será el único producto de «color blanco» que podrá ser comercializado pensando en beneficiar a un pequeño grupo y en detrimento de la gran mayoría. Se toman decisiones políticas en cuestiones que ameritan soluciones técnicas, cuestionó Proaño.
Para el legislador, al estar prohibido el uso del suero líquido de leche se va a beneficiar a los pequeños productores de leche a costilla de los queseros y de quienes elaboran yogourt, pero a futuro va a traer muchos más problemas porque la cuestión de fondo no está solucionada porque además en el país solo hay una empresa capaz de pulverizar el suero líquido de leche.
Tiene que aplicarse la ley vigente y hacer un control mucho más riguroso para que a la gente no se le engañe vendiéndole suero de leche por leche y determinar qué hacer con los 1,2 millones de litros de suero que se produce diariamente, finalizó el legislador.
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