El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, presentó al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, su solicitud de siete pedidos de prueba y dos de comparecencias para la defensa del presidente Guillermo Lasso en el juicio político que se sigue en su contra dentro del Legislativo por el supuesto delito de peculado.
A través de una misiva, Ortiz recalcó que su cargo le da los derechos de representación del mandatario y pidió su adhesión a toda la prueba testimonial (comparecencias) calificada y aprobada por la Comisión de Fiscalización en las sesiones 2021-2022-143 y 2021-2022-144 con fechas lunes 10 de abril de 2023 y viernes 14 de abril de 2023, respectivamente, y dejó la constancia de su facultad de intervenir en cada comparecencia acorde al tiempo procesal legislativo que se le otorgue.
En cuanto a sus pedidos testimoniales, Ortiz solicitó que se llame a comparecer a Jaime de Jesús Condoy Blacio, quien fungió como gerente general de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), “para que informe sobre la firma del contrato de fletamento el 7 de diciembre de 2018 y la adenda 3 a este contrato suscrita el 10 de marzo de 2020″.
También pidió que se disponga la comparecencia de Andrea Poveda Camacho, ex secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, para que informe sobre lo ocurrido dentro de la sesión 103-CRETREC-2022, con fecha lunes 11 de agosto de 2022, de esa Comisión, respecto al caso de fiscalización sobre Flopec y el proceso de elaboración del informe denominado “Informe No Vinculante sobre la situación actual de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – EP Flopec”.
Mientras tanto, los pedidos de prueba documentales que solicitó son los siguientes:
- Remitir bajo oficio a Flopec la emisión de copias certificadas de los informes de fin de gestión en torno al periodo de gestión de los siguientes ciudadanos (ex funcionarios públicos): Jaime de Jesús Condoy Blacio, Marcelo Cabrera Palacios, Oswaldo Ramón Rosero Quiroz, Cristian Omar Panchi Zambrano, Pilar Ferri Moncayo y Jhonny Estupiñán.
- Se requiera a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional remita a la Comisión de Fiscalización copias certificadas del acta íntegra de la sesión 103-CRETREC2022, para que sea agregada al expediente.
- Se requiera a la Contraloría General del Estado una copia certificada del memorando n.º 0110-DNP-2022, con fecha 10 de enero de 2022, así como todos sus anexos y los documentos relacionados con este proceso.
- Se requiera a la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción “Gran Padrino” y al secretario general de la Asamblea Nacional responsable de Archivo General de la institución, la grabación de la sesión n.º 3 de dicha comisión, específicamente lo expuesto por el asambleísta Ronny Aleaga desde el minuto 2:01:29 hasta el minuto 2:02:03.
- Se requiera a la Comisión de Régimen Económico la grabación de su sesión 103-CRETREC-2022, del lunes 11 de agosto de 2022.
- Agregar al proceso de juicio político el Informe de trámite de documentos de la Presidencia de la República y que está identificado como Informe Trámite n.º PRRD-2022-02450-E.
- Se agregue al proceso el Registro Oficial Segundo Suplemento n.º 342-II-S del 2 de diciembre de 2020 que contiene el Acuerdo n.º SGPR-2020-141 del 23 de noviembre de 2020 y que reformó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República, que fija el procedimiento reglado que debe darse a toda comunicación dirigida al Presidente de la República. Ortiz mencionó que este pedido lo hacía aunque el derecho no es objeto de prueba y con fines referenciales para que sea tenido en cuenta al momento de emitir el respectivo informe.
En tanto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera reunirse el martes 18 de abril para conocer las respuestas del mandatario a la acusación, que se centra en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec con Amazonas Tankers, para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación, y en la que incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
