La propuesta prohíbe el desempeño de una dignidad de elección popular o de servidor público a personas que tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en países considerados paraísos fiscales.
El organismo legislativo sometió el proyecto a un proceso de socialización y recopilación de aportes, comentarios y observaciones de parte de autoridades de la Contraloría, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, Servicio de Contratación Pública, catedráticos y expertos constitucionalistas.
Antes de la sesión de la Comisión, Marcela Aguiñaga explicó que se recibieron observaciones de legisladores para incorporar al proyecto. Entre estos planteamientos consta que haya un ámbito administrativo de ejecución rápida y eficaz de la ley, a través de la investigación, que será una auditoría del examen especial que haga la Contraloría General del Estado.
«Y en el caso de aquellos cargos de dignatarios que son sujetos a control político, básicamente sea remitido el expediente con una nueva atribución de la Corte Constitucional para verificación del cumplimiento del debido proceso.
De manera que no necesariamente el proceso sea a través de los cuerpos colegiados como la Asamblea Nacional, concejos municipales, entre otros, donde dependería de la voluntad de las mayorías de las fuerzas políticas y no de la aplicacion de la ley», añadió la presidenta de la Comisión.
Aguiñaga cree importante que el proceso pase por la Corte Constitucional, que permitirá hacer control posterior, sobre todo en la verificación del cumplimiento del debido proceso. Esto siempre cuando se agote el procedimiento de Contraloría.
Fuente: El Telégrafo
