Según el Legislativo, este proyecto se socializó en las ciudades de Baños y Guayaquil, ante autoridades de los GADs y colectivos ciudadanos. Además, se tuvo la participación de Asociaciones de Cooperativas de Vivienda de Interés Social, Consultores Independientes, Promotores Inmobiliarios quienes aportaron sus observaciones a la propuesta, que entre sus elementos importantes está la planificación como norma, para evitar los asentamientos informales y garantizar las construcciones de calidad.
En este sentido, Alexandra Ocles, asambleísta por el Movimiento AP, durante su intervención en el Pleno, manifestó que la población está acostumbrada a vivir de forma informal, por tanto, es necesaria esta Ley, y solicitó incluir en la normativa el tema de vivienda de interés social a pueblos y nacionalidades.
De su lado, Richard Calderón, asambleísta ponente y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, destacó los objetivos del proyecto y mencionó la situación de vivienda en el país. «Las zonas de frontera necesitan reglas jurídicas para racionalizar el crecimiento urbano», afirmó.
El proyecto, según el Legislativo, apunta a la definición y desarrollo de conceptos, mecanismos y herramientas orientados a articular los procesos de relación de los distintos niveles de gobierno y a la reestructuración de las dinámicas de desarrollo urbano, con el objetivo de garantizar los derechos sobre el hábitat, vivienda, ciudad y medio ambiente.
Se plantea, entonces, instrumentos para regular el mercado del suelo. En ese sentido, se crea el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo integrado por todos los niveles de gobierno, que tiene por objeto principal aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento que permite coordinar y articular las competencias entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Respecto de la creación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, la comisión anota que no se vulnera la autonomía de los GAD, porque estos tienen la facultad de decidir de manera directa en los ámbitos de sus competencias exclusivas, pero sus decisiones y acciones están sujetas al control. Esta institución, entonces, vigilará y controlará el correcto ejercicio de las competencias en este tema. Además, permite concretar el mandato del artículo 233 de la Constitución que establece que ninguna autoridad pública está exenta de responsabilidad administrativa por las actuaciones u omisiones en el ejercicio de su cargo.
Para Henry Cucalón, asambleísta por el PSC, con esta ley el Gobierno pretende intervenir en el desarrollo urbano en cada una de las ciudades y señaló no estar de acuerdo con varios puntos que constan en la misma. Expresó que es necesario garantizar el respeto a la Constitución, en especial el artículo 238, según el cual los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera.
Dijo que siempre ha apoyado una Ley de Ordenamiento Territorial que proporcione herramientas a los municipios para servir de mejor manera a los ciudadanos, pero que se ajuste a los principios de la Constitución.
Mientras tanto, el vicepresidente de la comisión, Fausto Terán, aseveró que la norma no quita poder de decisión a los gobiernos autónomos descentralizados, más bien implementa instrumentos de planificación y de política pública y establece de manera obligatoria la creación de un catastro integral.
