Estos seis ciudadanos son accionistas de tres empresas relacionadas con la Sociedad Financiera Proinco: Marktradecorp S.A., Mingacorp S.A. y Encaisser S.A.
Según la fiscal María Susana Rodríguez, estas tres compañías habrían recibido dinero del público a través de “Acuerdos de Venta de Derechos Fiduciarios”, acompañados de pagarés que respaldaban la inversión. A cambio pagaban dinero a plazos.
Al parecer, las personas asumían que iban a invertir en Proinco, pero realmente lo hacían en sociedades anónimas no reguladas por la Superintendencia de Bancos. Además, estas empresas estaban intervenidas por la Superintendencia de Compañías y presentaban irregularidades administrativas.
Es más, la Superintendencia de Bancos certificó que ninguna de estas empresas eran instituciones del sistema financiero nacional, por lo que no podían realizar este tipo de transacciones.
Tras la audiencia, la jueza Karen Matamoros dictó prisión preventiva contra tres procesados y medidas sustitutivas para los otros tres, estas son la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente.
La instrucción fiscal durará 30 días más.
El caso
El pasado 11 de junio, la Fiscalía inició un proceso penal contra Santiago R., por su presunta responsabilidad en el delito de estafa. Este ciudadano habría recibido altas sumas de dinero, a través de empresas que no estaban autorizadas.
La Fiscalía inició este caso con base en las denuncias e informes presentados por las Superintendencias de Bancos y Compañías.
Según las investigaciones, una de las empresas de Santiago R. ofrecía a los inversionistas pagar por sus depósitos intereses más altos.
Se presume que con engaños se seguía captando el dinero, sin autorización de los organismos de control.
