En la audiencia de juicio efectuada el 9 y 10 marzo, el fiscal Fernando Guerrero presentó pruebas que demostraron la culpabilidad del sentenciado.
Entre ellas constan videos, testimonios de peritos de Criminalística y de los agentes investigadores de la causa. El hecho fue detectado en marzo del 2015 por las alertas y denuncias que llegaron a la Fiscalía General del Estado, donde se informaba que existían varias páginas electrónicas que comercializaban fotos y videos con contenido sexual, donde los protagonistas eran niños.
Las investigaciones determinaron que en una vivienda ubicada en el sector de San Rafael, situado al este de Quito, se encontraba la dirección IP de donde procedían las publicaciones en varias cuentas de redes sociales.
En abril de 2015, la Fiscalía ejecutó un operativo para rescatar a las víctimas y detener al ciudadano. Allí se decomisaron una computadora y un ‘pendrive’, que contenían pornografía infantil, entre otras evidencias.
