Según las fuentes, el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, el capitán de navío Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, fueron relevados para garantizar la transparencia de la investigación sobre la desaparición.
De acuerdo con medios locales, el suspensión es de forma preventiva mientras se determinan posibles imputaciones en el juzgado de la localidad patagónica de Caleta Olivia, encargado del caso para determinar si hubo algún delito relacionado con la desaparición y posterior búsqueda del submarino.
De forma paralela, el Gobierno decidió hace varias semanas abrir un sumario interno para determinar responsabilidades en la Armada.
Según adelantaron entonces a Efe fuentes del Gobierno, entre otros aspectos, con el sumario se busca saber por qué desde la Armada no se dio la información «en tiempo y forma» al presidente Mauricio Macri, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así como al ministro de Defensa, Oscar Aguad, desde el 15 de noviembre, cuando se perdió la comunicación con el submarino.
Además, se investiga desde cuándo estaba en conocimiento de la Armada la «notificación o hipótesis de la explosión» registrada en la zona del Atlántico donde fue reportado por última vez el submarino y que se dio a conocer a los familiares y a la prensa más de una semana después.
La investigación también busca determinar por qué no se dejó constancia al poder político de la existencia de la avería eléctrica en las baterías del submarino, de la que había dado cuenta el comandante de la nave el mismo día de su desaparición, así como si fue correcta la decisión de que continuara navegando hacia el que iba a ser su destino, la ciudad bonaerense de Mar del Plata.
Por todas estas razones, las fuentes explicaron en noviembre que el presidente había decidido descabezar a toda la cúpula de la Armada, algo que se haría efectivo una vez se encuentre el submarino y se conozca el desenlace.
Sin embargo, en declaraciones públicas realizadas ese mismo día, Macri suavizó la situación para dar prioridad a encontrar el submarino y, una vez hallado -algo que todavía no ha ocurrido-, poder buscar responsabilidades.
«La investigación está en incipiente estado de instrucción» dijo este lunes la jueza Marta Yáñez, encargada de la indagación judicial, quien agregó que esta examinando «exhaustivamente» 12 cajas de documentación que mandó la Armada.
Evitó también pronunciarse sobre si la desaparición fue un accidente o hecho negligente.
«Yo no puedo tener ninguna presunción ni prejuicio de nada, por eso quiero ser muy cauta y actuar con suma prudencia porque el caso lo amerita y reviste una complejidad desde todo punto de vista», consideró, convencida de que el organigrama de la Armada «es muy amplio y hay muchas áreas», por lo que hay que ser «muy prolijos para determinar si hubo alguna responsabilidad».
