Ella es el rostro tras el apodo de ‘Alias 10’, el que salió a la luz después de la muerte de la niña lojana Emilia Benavides. Así lo informó la fiscal Bella Castillo, encargada de la investigación.
Tanya fue capturada al día siguiente del hallazgo del cuerpo de la menor, de 9 años, en una quebrada. También fue detenido Manuel A. y un día antes su primo Fabián N. Este último murió en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Turi, en Cuenca, donde fueron trasladados.
La procesada Tanya R.A. cumplía distintas funciones dentro de la agrupación y para despistar usaba algunos teléfonos celulares. “Contactaba a los adultos para que buscaran niñas. Luego los ingresaba a un grupo conocido como ‘Inocentes 10’.
Cuando fungía de administrador escribía de un teléfono y decía que enviaría al travesti a hacer tal cosa. Él mismo se enviaba”. La fiscal Castillo encabezó -el jueves- un operativo en el que detuvieron a 18 miembros de la red. La audiencia de formulación de cargos se realizó desde las 18:00 del jueves hasta la 01:00 de ayer.
Del total de capturados, 13 quedaron con prisión preventiva y fueron llevados hasta el CRS de Turi. A los cinco restantes les dictaron medidas alternativas, como el uso de grillete, presentación periódica ante la autoridad competente y prohibición de salir del país. “Los elementos de convicción revelan que los detenidos participaban en esta red. Contra quienes no se dictó prisión preventiva aún no se establece la participación de ellos.
Siempre me manejo en ponderación de derechos”, explicó la funcionaria. Víctor Araus, jefe de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), informó que esta banda denominada ‘Red del Sur’ se dedicaba a la trata de personas y pornografía infantil. Rodrigo Galván, fiscal provincial de Loja, destacó que tras la primera captura se obtuvo información relevante para descubrir esta banda.
“Los primeros están procesados por concurrencia real de delitos y los últimos por delincuencia organizada tipificado en el art. 369 del Código Orgánico Integral Penal”. La normativa establece una pena de entre siete y 10 años para la persona que conforma el grupo (que comete delitos castigados con más de cinco años) y de cinco a siete para los colaboradores.
Fuente: El Telégrafo
