Una ola de homicidios a manos de pandilleros en El Salvador y el anuncio del gobierno de usar la fuerza letal para combatirlos genera temor entre organismos humanitarios y analistas a una escalada de violencia en el país centroamericano, en medio de una cuarentena domiciliar obligatoria para contener el nuevo coronavirus.
“Estamos ante un escenario muy delicado en el que la calificación de la situación es demasiado peligrosa y preocupante, declaró el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES, no gubernamental), Miguel Montenegro el lunes 27 de abril.
En un repunte de la violencia entre viernes 24 y domingo 26, las pandillas han provocado la muerte de 50 personas en diferentes puntos del país, por lo que la policía y el ejército intensificaron la vigilancia, en momentos que el país permanece en una cuarentena domiciliar obligatoria para contener la covi-19.
Las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, con unos 70 mil miembros, siembran el terror en comunidades bajo su control, y se dedican al sicariato, el narcotráfico y la extorsión de comerciantes y transportistas.
Antes del fin de semana el país tenía un promedio de 2,3 homicidios diarios, uno de los más bajos de los últimos años. En un afán de contener la escalada homicida, el gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el sábado el estado de emergencia en las cárceles donde están recluidos los integrantes de pandillas.
Además, las autoridades combinaron en las celdas a los integrantes de pandillas rivales, un hecho que no ocurría desde 2002, cuando se les separó para evitar muertes masivas en las cárceles.
“Vamos a hacer que los pandilleros que cometieron esos homicidios, se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión”, escribió en Twitter Bukele, quien llegó al poder en junio de 2019.
La unificación carcelaria de las pandillas es “una bomba de tiempo” que puede explotar en cualquier momento, advirtió Montenegro, quien señaló como responsable al gobierno de las posibles consecuencias.
Pandillas “en crisis”
Para neutralizar los asesinatos, Bukele dijo a las fuerzas de seguridad que “el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños ” y adelantó que su gobierno se encargará de la defensa legal de los efectivos de seguridad que sean “ injustamente acusados”.
“Es una orden [de uso de fuerza letal] que rompe con la legalidad” y puede derivar en un “ uso excesivo de la fuerza”, afirmó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños.
Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , ente autónomo de la OEA, expresó la noche de domingo su preocupación por la emergencia en las cárceles, que pone en riesgo los derechos de los privados de libertad.
Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano el “rebrote” de los homicidios por parte de las pandillas puede tratarse de una “presión para algún tipo de negociación” con el gobierno en la búsqueda de “ prebendas ” o apoyo económico.
Medrano consideró que las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18 pueden estar “en crisis” económica debido a que han dejado de percibir ingresos por extorsiones por la cuarentena domiciliar obligatoria y el cierre de pequeños y medianos negocios vigentes por ahora hasta el 1 de mayo.
“Sin duda ellos están sintiendo la crisis directa” porque sus familias “ sobreviven de las extorsiones”, comentó Medrano. “Que les quede claro [a los pandilleros] que no los vamos a tolerar, los vamos a capturar y se les aplicará todo el peso de la Ley.
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
