Trabajadores petroleros y organizaciones sociales presentaron ante la Corte Constitucional (CC) una acción de incumplimiento contra el acuerdo ministerial 40, de noviembre de 2024, que declaró la “excepcionalidad” de delegar el campo Sacha o Bloque 60 a “empresas estatales o subsidiarias de estas” de países extranjeros.
La entrega del documento se realizó la mañana de este jueves 6 de febrero por miembros de la Asociación de Trabajadores de Petróleo y Energía (Antep). Ahí solicitan a los jueces de la Corte una medida cautelar para que, hasta que se resuelva la acción de incumplimiento, detener el proceso que lleva adelante el Gobierno para delegar el campo a un consorcio de empresas que está liderado por la estatal china Sinopec.
David Almeida, dirigente de la Antep, señaló que el acuerdo ministerial 40, suscrito por la ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano, incumple una sentencia de la Corte Constitucional que en su momento declaró inconstitucionales las reformas a la Ley de hidrocarburos, que se aprobaron en el gobierno de Guillermo Lasso, las cuales están siendo usadas como argumentos para justificar la delegación de Sacha.
“Esta es una primera acción judicial que vamos a plantear en este proceso a más de otras que vendrán por las irregularidades que se han presentado en este caso”, adivirtió.
Señaló que no existe justificación técnica para delegar el campo petrolero y que, según análisis hechos por el sindicato, la entrega del Bloque 60 generaría pérdidas para el Estado por más de $ 1.000 millones en los próximos 20 años.
Dentro de las irregularidades que se han encontrado es, primero, la entrega a dedo del campo Sacha a un consorcio al que se negó el Estado ecuatoriano entregarle ya un campo más pequeño, el Bloque 16, que producía apenas 10.000 barriles de petróleo por día, y quieren entregarle el campo Sacha que produce 77.000 barriles de petróleo por día.
El argumento para no haberle entregado en su momento a ese mismo consorcio, el Bloque 16, era que no tenía capacidad financiera para poder sostener esa operación. “No entendemos cómo, si no tiene capacidad financiera para sostener una operación de 10.000 barriles de petróleo por día, hoy se le pretende entregar a dedo el principal campo petrolero del país”, dijo.
Lo segundo es que se ha dicho además que este consorcio está conformado por la empresa estatal Sinopec. Sin embargo, señaló que de los documentos que han recabado hasta el momento, han podido “ver que tanto Petrolea como Amodaimi no pertenecerían al consorcio Sinopec” y agregó que “de comprobarse esta situación, lo que estaría ocurriendo es un engaño al pueblo ecuatoriano, un incumplimiento a la ley para entregar recursos petroleros del país a intereses particulares.
Y finalmente, indicó que lo que más les interesa son los perjuicios de esta operación. “Hemos calculado, de acuerdo a la oferta que se ha hecho pública de parte del consorcio y de parte de algunos medios de comunicación, que la pérdida para el Estado sería de cerca de $ 1.000 millones en esta operación. Aún tomando en cuenta el supuesto aporte de $ 1.500 millones de anticipo que daría este consorcio supuestamente para hacerse con el campo”, afirmó Almeida.
Agregó que con él contrato de participación que se piensa firmar, donde el Estado se quedaría con el 80 % de la renta, reduce la producción petrolera nacional, porque “el 20 % de la producción del campo pasaría al consorcio internacional a ser propiedad de ellos y por tanto reduce la oferta exportable para cumplimiento de nuestras obligaciones y reduce también la capacidad de carga a las refinerías”.
El pasado 22 de enero, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, dijo en declaraciones a la prensa que estaba que en enero debía cerrarse el proceso de delegación de Sacha. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha informado de novedades en el proceso.
Fuente: El Universo – Nota original
