Solidaridad ante la emergencia es lo que proponen representantes de trabajadores y analistas laborales. Sin embargo, plantean esquemas diferentes al propuesto por el Gobierno.
Como parte de las medidas para enfrentar el impacto del covid-19, el Ministerio de Finanzas propuso la creación de un fideicomiso humanitario y de reactivación productiva, que se constituirá con la contribución del sector privado.
Una parte de los aportes vendrá de los empleados que reciben sobre USD 500 al mes. Para ello se remitirá un proyecto de Ley económica urgente a la Asamblea.
El texto, según el Gobierno, estaba previsto enviarse el sábado 11 de abril, pero hasta el cierre de esta edición no llegó. En Ecuador, según la Cámara de Comercio de Quito, existen 2,6 millones de personas bajo relación de dependencia.
El sector privado es el principal generador de puestos de trabajo, con dos millones. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 83 de cada 100 plazas de trabajo las genera el sector privado, según la encuesta de empleo de diciembre del año pasado.
El Régimen propone que los asalariados que ganen más de USD 500 mensuales contribuyan un valor compuesto por una tarifa básica y un porcentaje adicional, de acuerdo con una tabla (ver gráfico).
Por ejemplo, quienes ganen USD 600 mensuales cancelarán un valor fijo de USD 2, más 1% sobre la diferencia, es decir, sobre 100: USD 3 en total. Nelson Erazo, directivo del Frente Popular, explicó que luego de hacer una consulta a las organizaciones sindicales que lo integran se concluyó que están “dispuestos a contribuir económicamente”, pero que el aporte debe aplicarse para aquellos empleados que ganen más de lo que establece la canasta básica familiar.
Según el INEC, en marzo pasado, el monto para cubrir esta canasta fue de USD 714. “A partir de eso debe venir la escala de la forma que planteó el Ejecutivo”, señaló el dirigente. Jaime Arciniegas, presidente de la Confederación Sindical del Ecuador, explicó que son momentos en que es necesario ser humanitario.
“Estamos en la línea de apoyar todo aquello que signifique contribuir al país”. Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral (Cespla), considera que el piso para el aporte de los trabajadores es muy bajo.
“Hay que tomar en cuenta que los empleados enfrentan otros recortes regulares como el 9,45% para la seguridad social. Además, hay gente a la que en estos momentos no se le está pagando o se le está cancelando un menor salario. Todos debemos aportar, pero el piso debe subirse a partir de los USD 800 o mil”.
Como medida para aliviar la situación actual de los empleados que no están cobrando sus sueldos o que están en suspensión laboral, propone que se les permita cobrar el dinero de su fondo de cesantía.
A quienes las empresas ya hizo un ajuste, dice, el Estado no debe cobrarles el aporte. Desde el sector empleador privado hay preocupación con relación a las medidas planteadas por el Régimen debido al impacto que pudieran tener sobre la economía.
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) considera clave un gran acuerdo nacional, con la participación de diferentes actores, para buscar soluciones para impulsar la economía.
Ayer, 12 de abril, el presidente Lenín Moreno anunció a través de su cuenta de Twitter que dispuso una reducción del 50% en los ingresos mensuales de altos funcionarios: Presidente, Vicepresidente, ministros y viceministros. La medida también alcanza a todas las funciones del Estado, a los gobiernos seccionales y la Asamblea Nacional.
Fuente: El Comercio-Nota Original : LINK
