Olivet hizo esta afirmación al entregar al presidente del país, Rafael Correa, una auditoría de 700 páginas y que ha llevado dos años, sobre los 27 TBI suscritos y ya denunciados por Ecuador, informaron medios locales.
Defendió que el país andino se encuentra entre las naciones de las zona «con más TBI» y «sin embargo recibe solo el 0,79 % de la inversión extranjera directa (IED) que llega a América Latina y El Caribe», con Brasil, México y Panamá como «el principal flujo de IED».
«Además, de los 7 grandes inversores externos, solo el 23 % viene de países con TBI», agregó.
Según la investigadora los TBI «menoscaban los objetivos de desarrollo planteados en la Constitución de 2008, que estipula que la inversión extranjera debe estar sujeta a la potestad regulatoria orientada a objetivos de planificación nacional».
Olivet, que también es presidenta del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones, indicó que las demandas de los inversores contra el Estado ecuatoriano ascienden a 21.200 millones de dólares.
«Ya se han desembolsado como pago 1.498 millones de dólares, de los que 1.342 millones de dólares» han ido a empresas energéticas como Oxy, Chevron, Duke Energy, Noble Energy, indicó.
Otros 156 millones de dólares fueron para pagar «a árbitros y bufetes de abogados» y recordó que «aún quedan las demandas en casos pendientes que suman 13.410 millones de dólares».
Tras la investigación se recomienda al Estado ecuatoriano, entre otras cosas, «concluir el proceso de denuncia de los TBI» y diseñar contratos internacionales de inversión con derechos restringidos y obligaciones para los inversores».
Correa aseguró que el informe «ayudará en la ejecución del proceso de denuncia de los TBI», unos tratados que calificó como «el corolario vergonzoso de la supremacía del capital sobre los seres humanos».
