El Gobierno, mediante un comunicado, informó que continuará con las investigaciones de lo que sucedió aquel día en la cercanía de la ciudad de Iguala en el estado mexicano de Guerrero.
Las autoridades recuerdan que hay más de 120 personas bajo proceso judicial como resultado del trabajo de investigación en torno al caso. Setenta y una de ellas están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes, aún sin sentencia debido a los complejos procesos judiciales.
Los 43 estudiantes de una escuela para maestros en la población de Ayotzinapa, estado de Guerrero, desaparecieron el 26 de septiembre de 2014. Según las autoridades mexicanas, los estudiantes iban a manifestarse cuando fueron atacados por oficiales de policía corruptos —asociados con un grupo de narcotraficantes—, luego ejecutados, sus cuerpos incinerados en un basurero y los restos arrojados a un río.
Pero esta versión del gobierno de México —que fue llamada la «verdad histórica» por la Procuraduría— fue desacreditada en septiembre de 2015, cuando un grupo independiente de expertos forenses contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula.
A principios de diciembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa puso en duda nuevamente la versión oficial de los hechos dada por la Procuraduría General de la República (PGR), al asegurar que no se registró ningún incendio en el basurero de Cocula.
Los padres no han parado de buscar a sus hijos y tampoco han dejado de protestar en todo México. Dicen que seguirán protestando hasta que ocurra una de estas dos cosas: que sean encontrados vivos o que se demuestre científicamente que fueron asesinados.
