La corte halló «comprobada la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales» y ordenó que el mandatario cumpla la pena en el centro de detención de Ramo Verde, en el estado venezolano de Miranda, dijo el magistrado Rafael Rommel-Gil en Bogotá.
Además, el tribunal paralelo, cuyas decisiones desconoce el gobierno venezolano, le impuso una multa de 25 millones de dólares por corrupción propia y de 35.000 millones por legitimación de capitales, así como una inhabilitación política por el tiempo de la pena. También solicitó una orden de captura internacional.
La sala plena del tribunal paralelo dictó la sentencia en un recinto del Congreso colombiano, donde desde la mañana escuchó la acusación de la fiscal general destituida Luisa Ortega, quien huyó de Venezuela en agosto del 2017 tras ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo y con suprapoderes.