El memorándum representa el esfuerzo más reciente del Gobierno de Trump por cambiar la manera en que son contabilizadas las poblaciones estadounidenses, y avanzar en la agenda de inmigración del mandatario. Como otras medidas anteriores de este tipo, seguramente será llevada a las cortes.
“Por lo tanto, he determinado que el respeto a la ley y la protección de la integridad del proceso democrático justifican la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de distribución, en la medida de lo posible y al máximo alcance de la discreción del presidente bajo la ley”, señaló el documento.
Trump ha intentado utilizar desde hace tiempo el censo de Estados Unidos como una forma de avanzar en sus prioridades de inmigración, pero la Corte Suprema rechazó en 2019 el intento por preguntarles a los habitantes si son ciudadanos estadounidenses. Aún así, la administración puede recopilar información sobre el estado de ciudadanía por otros medios.
Y al igual que el esfuerzo por incluir la pregunta de ciudadanía en el censo, el memorándum marca otra medida que probablemente impactaría el equilibrio de poder en los estados y la Cámara de Representantes, los cuales se basan en la población total.
Las cortes probablemente tendrán la última palabra. La Constitución indica que la representación en el Congreso se distribuye en función del “número total de personas libres”, no solo de los ciudadanos estadounidenses.
“El problema legal es que la Enmienda 14 dice que los representantes serán distribuidos entre los diversos estados de acuerdo con sus respectivos números, contabilizando el número total de personas”, destacó Joshua Geltzer, del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
“Eso significa que los escaños de la Cámara de Representantes se dividen en función de todos los presentes en los 50 estados, no solo de los que están legalmente presentes”, añadió.
Además, sostuvo Geltzer, el censo actualmente no pregunta si alguien está de manera ilegal en el país. “Presumiblemente, la administración de Trump tendrá que depender de una mezcolanza de otros registros para adivinar la población que pretenden utilizar para el reparto”, completó.
Michael Li, quien se desempeña como asesor principal del Programa de Democracia del Centro Brennan, cuestionó cómo el gobierno federal tomaría la determinación sobre si alguien tiene un estatus irregular.
“La Constitución requiere contar a todos ––niños, inmigrantes, todos––, no tiene exclusiones basadas en el estado legal”, completó Li.
Nota Original: El Universo – LINK
