La aplicación tecnológica 'Uber', emitió un comunicado en el cual presenta su rechazo frente al acuerdo firmado el martes 17 de julio entre funcionarios estatales y representantes de los taxista federados.

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Uber rechaza las regulaciones acordadas el martes 17 de Julio. Imagen Referencial/Crédito: Shutterstock.

La empresa Uber, propietaria de la popular aplicación tecnológica del mismo nombre dedicada a la administración de flotas de vehículos de transporte, emitió un comunicado en el que rechaza el acuerdo firmado el martes 17 de julio de 2019, entre funcionarios estatales y representantes de los taxistas federados.

La firma internacional se refiere de manera específica a la afirmación de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas consultará a su similar de Telecomunicaciones «la posibilidad de suspender a través del espacio radioeléctrico a plataformas tecnológicas utilizadas para servicio de transporte público de taxis».

La concreción de este hecho sacaría del aire al aplicativo de Uber y otros similares como Cabify e InDriver también presentes en el país.

Ante ello, la primera de estas compañías señala «que el principio de neutralidad de la red garantiza que los contenidos no puedan ser bloqueados y que se respeta el libre tráfico de datos e información en la web». Uber alude en su texto, también, los principios de libertad de empresa, expresión y libre competencia que rigen en Ecuador.

Considera, además, que cualquier equiparación con sistemas de transporte convencionales como el de taxis convencionales vuelve inviable su operación. Y pide, por ello, que se elabore una reglamentación que permite a los aplicativos seguir funcionando.

El taxismo regularizado protagonizó ayer protestas en cinco ciudades del país. Las manifestaciones tuvieron como uno de sus ejes el exigir al Estado que se impida el funcionamiento de este tipo de plataformas tecnológicas.

Los transportistas reclaman que el servicio a través de app constituye una competencia desleal porque los conductores de estos sistemas no están sometidos a las mismas regulaciones que se les exige a ellos. Además, reclaman que este tipo de operación afecta sus ingresos.

Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK