A él se le preguntó cómo se costea los gastos de todos. “Es un trabajo ad honórem y con los aportes de mucha gente que está tras este caso”, dijo.
Aseguró que todos comenzaron a trabajar con la idea de “proteger los derechos humanos y constitucionales de Ola”, quien desde la tarde del sábado (13 de abril del 2019) se encuentra recluido en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito. A las 18:00 fue trasladado de la Unidad de Flagrancias, en donde el juez Rodolfo Navarrete le procesó por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.
La defensa trabaja en una apelación, para que el extranjero quede en libertad. Este recurso será presentado al mediodía de hoy (15 de abril del 2019) ante el juez Navarrete, para que el pedido pase a un Tribunal y se emita el fallo. Los argumentos que se presentarán se mantienen en reserva, pero Soria indicó a este Diario que su cliente solo se dedicaba a trabajar en sistemas informáticos.
“Es precursor del resguardo y de la protección de la información”. A las 09:00 de hoy, Soria intentará hablar con su defendido en el CDP, pues en la tarde llegan sus padres de Suecia. La pareja, con más de 65 años, expuso su preocupación por lo sucedido con su hijo. Tras conocer los detalles de lo ocurrido tienen previsto presentarse ante la prensa. La hora de llegada de los padres se maneja de forma reservada. Los abogados advierten que es por temas de seguridad.
Una vez que ellos estén en Ecuador, la defensa de Ola Bini también espera la llegada del embajador de Suecia en Bogotá-Colombia y el acompañamiento del cónsul de Suecia en Quito, Ola Ernberg. Este último estuvo en la Unidad de Flagrancias e indicó haber llegado para asegurar que los derechos del detenido no sean vulnerados y que tenga contacto con su abogado. De hecho, en la audiencia participaron dos traductores de su idioma materno. La Constitución señala que toda persona tiene derecho a ser informada, de forma previa y detallada en su lengua propia y en lenguaje sencillo, de las acciones y procedimientos judiciales formulados en su contra.
Los abogados del extranjero esperan que se respeten sus derechos, porque “no ha cometido delito alguno”. Y reiteraron que no tiene relación con Wikileaks, pero sí son amigos personales con Julian Assange. La Embajada de Ecuador en Londres detalló que durante el 2015, Bini visitó una vez al fundador de Wikileaks en esas instalaciones.
En el 2016 fueron cinco, en 2017 dos, en 2018 tres y en el 2019 una vez. Tras recabar datos como estos, la Policía lo capturó y se realizó un allanamiento a su casa, en Quito, a donde llegó personal de la Fiscalía y de Criminalística de la Policía. En esa incursión, los uniformados también se llevaron libros “relacionados con ‘hackeo’ electrónico”. La defensa de Bini advirtió que son escritos relacionados con política y novedades tecnológicas.
“Toda la documentación o indicios presentados no configuran ningún tipo de delito. Se está criminalizando la libre movilidad y la libre disposición de bienes”.
Los agentes también accedieron a un reporte en el cual se detalla que, desde 2015 al 2019, el ciudadano extranjero pagó más de USD 230 000 por servicios de Internet. Ahora, las cuentas del detenido están bloqueadas, según la orden emitida por el juez.
Así permanecerá hasta que finalicen las investigaciones. En este caso también está señalado el excanciller Ricardo Patiño.
El grupo denominado Compromiso Social RC5 emitió un comunicado y dijo que hay pretensiones de detener al exministro de Relaciones Exteriores y a Virgilio Hernández. El Gobierno ha dicho que no hay persecución política y que la justicia decidirá qué sucede en este caso.
Fuente: El Comercio- Nota original: LINK
