El primero en concretar su inscripción fueron Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, candidatos a presidente y vicepresidenta de la República, por el movimiento político Democracia Sí.
Según Larrea, representan «una alternativa seria» y entre sus propuestas está «arrimar el hombro para sacar al país» de la crisis económica y sanitaria.
En el Consejo se aclaró que este es el primer binomio inscrito oficialmente. Esto, frente al anuncio de la agrupación Libertad es Pueblo de que Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna como candidatos para la dignidad presidencial.
Pero no se ha completado el procedimiento en los sistemas informáticos del organismo electoral, por lo que no constan como candidatos. Esto es resultado de un conflicto interno, luego de que su presidente, Gary Moreno denunció que su anterior precandidato, Esteban Quirola, pretendría «infiltrar a correístas» para participar en los comicios.
En tanto, ayer por la tarde, Fabricio Correa y Marcia Yazbek anunciaron el retiro de sus precandidaturas para la primera magistratura, por Justicia Social.
En Twitter, Correa (hermano del expresidente Rafael Correa) denunció que el movimiento “sufrió un asalto por personajes cuestionados”. En esencia, porque el director de Justicia Social, Manuel Castilla había sido reemplazo “sorpresivamente”.
En candidaturas a asambleístas nacionales, del Partido Unidad Popular (PUP) se inscribieron Geovanni Atarihuana como cabeza de lista, junto a otros políticos, quienes acudieron hasta la sede del CNE en Quito en bicicleta.
El pleno del CNE no tramitó informes relacionados con estas inscripciones.
El pleno del organismo electoral no se convocó para tramitar los informes relacionados con estas inscripciones.
Pero sí se resolvió la situación laboral de los miembros de las Juntas Provinciales Electorales y del Exterior, a quienes se los ubicó en un clasificación descendente de puesto», determinada por el Ministerio de Trabajo.
La resolución se aprobó con el rechazo de los consejeros Esthela Acero y José Cabrera. Luis Verdesoto votó a favor y Diana Atamaint también, aunque ella debió dirimir, frente a la división de posiciones, y por la ausencia del vicepresidente, Enrique Pita.
Cabrera afirmó que «no va a dejarse presionar por nadie”; y Acero advirtió que «no se siguió el debido proceso, y aprobar este informe sería poner en riesgo el proceso electoral».
Esta clasificación contempla que los vocales de las Juntas serán considerados funcionarios del Nivel Jerárquico Superior 2, y su salario pasa de unos $ 2500 a $ 2368, lo que generará «un ahorro de $ 315 556», reseñaba el informe.
La medida se toma por el pedido del Ministerio de Finanzas de reducir el Presupuesto Operativo Electoral (POE) de $ 114,3 millones, que incluye los salarios para estos actores, por considerar que es alto, en tanto que el país enfrenta una crisis económica por la pandemia.
Atamaint advirtió el 18 de septiembre que denunciaría ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a Richard Martínez, por «entorpecer» el proceso electoral; pero ayer aceptó los cambios económicos sobre las juntas.
El pleno también resolvió impugnaciones a varios de los integrantes de las Juntas, que fueron designados el 17 de septiembre.
Se aceptó una impugnación para la Junta Provincial de Santa Elena que no cumplía con el requisito de alternabilidad de género, pues la integraban cuatro hombres: Álex Peña, Luis Herrería, Marco Quiroz y Galo Freire.
En el caso de Los Ríos, uno de sus miembros Adolfo Ruiz Montero era parte del movimiento político Pachakutik (PK), por lo que dejaba sin efecto su decisión.
En la junta de Santo Domingo de los Tsáchilas se retiró a Diana García Delgado por haber sido parte de la directiva de un movimiento en los últimos dos años. En El Oro se dejó sin efecto la elección de Miller Marín porque tenía obligaciones tributarias pendientes.
Nota Original: El Universo – LINK
