Vendió tomógrafos, equipos de rayos X, esterilizadores, máquinas para endoscopias y para cirugías de corazón abierto, etc. Sus principales clientes eran los hospitales del Estado.
Entre el 2009 y el 2019, un grupo empresarial se convirtió en uno de los principales proveedores del sistema médico estatal. También entregóprótesis, placas metálicas, básculas, reactivos químicos, aparatos para laboratorio, bisturís electrónicos, entre otros.
Hoy, este grupo es considerado “pieza clave” en un entramado de corrupción. Según la Superintendencia de Compañías, cinco firmas están relacionadas entre sí.
Una no tiene contratos con el Estado. Las otras cuatro han recibido 224 adjudicaciones. En 10 años ejecutaron ventas por USD 56,9 millones. Según documentos oficiales, todas las compañías ligadas tienen los mismos accionistas.
Ellos son señalados en el expediente que se abrió por supuesta delincuencia organizada. También se indaga cohecho, testaferrismo y tráfico de influencias.
La teoría de la Fiscalía General es que estas empresas vendieron material con supuesto sobreprecio y para hacerlo habrían creado un esquema que incluye a “compañías aliadas”.
Según la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), después de que un hospital anunciaba una compra todas presentaban sus ofertas y finalmente los contratos quedaban con una de ellas.
Para Anticorrupción, este tipo de “alianzas” permitió que los proveedores mantengan precios elevados en cada proforma y con base en estos datos se establecían los valores referenciales.
Así, las contrataciones no podían bajar de un valor, pues las ofertas traían costos altos. En el portal de Compras Públicas se detalla que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fue el principal comprador.
En una década firmó 70 contratos. Con el Hospital Carlos Andrade Marín, que también es de la red del Seguro Social, obtuvo 28.
La lista incluye al Eugenio Espejo, Teodoro Maldonado Carbo, Docente de Calderón, San Francisco, Pablo Arturo Suarez, Los Ceibos, direcciones distritales y ministerios.
En el 2016, por ejemplo, se firmó un entendimiento para instalar un laboratorio en el Centro Médico Integral La Mariscal, del IESS-Quito. El valor era de USD 5,6 millones.
Hoy, todos esos rubros son rastreados por agentes. En una década además fue proveedor del Hospital de la Policía, en Quito y Guayaquil. En el 2011 vendió un angiógrafo digital para la capital.
Sobre este contrato, la Contraloría dijo que fue entregado 76 días más tarde que lo acordado y que los directivos aceptaron la demora sin ninguna justificación.
La entidad señaló que la proveedora debía cancelar USD 66 800 como multa. En 2014 tuvo otra adjudicación con este centro asistencia y también hubo demoras en el envío de los insumos.
La empresa que vendió fue reportada como contratista incumplida y desde entonces ya no es proveedor. Diario El Comercio solicitó la versión del grupo empresarial desde el viernes 19 de junio, pero hasta el cierre de esta edición no ha respondido a las interrogantes planteadas.
Este caso es parte de una investigación que apunta a una red más grande. Toda la pesquisa partió de una denuncia del gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart.
Pero los seguimientos, vigilancia, fotografías y grabaciones de audio y video dejaron al descubierto un “grupo estructurado”, que no solo operaba en el Abel Gilbert Pontón.
Según los investigadores, también estaban en otros hospitales de Quito, Guayaquil, Daule y Sambordondón. Las primeras pistas apuntan a que los responsables de las compras entregaban con facilidad los contratos a los miembros de esta red.
“Posteriormente, se realizaban transferencias bancarias entre los involucrados, como pago o retribución por dichas adjudicaciones”, señala la Fiscalía General.
Entre los indicios levantados y que hoy se encuentran en poder de las autoridades judiciales están contratos, facturas, medicinas, insumos médicos, teléfonos celulares, sellos de hospitales de todo el país, entre otros. La idea es obtener detalles para el proceso judicial.
Fuente: El Comercio -Nota original : LINK
