«El último recorte presupuestario determina un severo déficit económico que imposibilita el inicio de actividades académicas, por el cual el Honorable Consejo Universitario, por su responsabilidad con la sociedad, mantiene la suspensión del proceso de matriculación estudiantil hasta cuando el gobierno enmiende este error y restituya el presupuesto», señala un documento oficial, firmado por la secretaria del Consejo, Paulina Armendáriz.
Se advierte que el centro académico presentará una demanda constitucional, que podría llegar también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A propósito, la CIDH advirtió al gobierno las «consecuencias negativas» de esta decisión, y le exhortó a «basar sus decisiones con el análisis del impacto a los derechos humanos».
Por otra parte, el presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC), Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato presentó el 11 de mayo, un recurso de medidas cautelares en el Complejo Judicial de Ambato, demandando la inconstitucionalidad del recorte presupuestario para las 32 universidades públicas, que bordean los $ 99 millones.
El titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), Agustín Albán, explicó que el recorte se debe a la caída en los cobros del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la crisis económica que genera la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID 19.
Nota Original: El Universo – LINK
