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La falta de independencia de las entidades de control con la Función Ejecutiva es la causa que más ha utilizado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio para cesar autoridades a través de evaluaciones.

Flickr: Consejo Participación Ciudadana y Control Social

“Actuó a favor de intereses políticos particulares, antes que como garante de la estabilidad”, se lee, por ejemplo, en la resolución con la que se destituyó a Christian Cruz de la Superintendencia de Bancos.

Él ocupó cuatro cargos en el Ejecutivo (ver infografía adjunta) antes de recalar en la ‘Súper’, donde fue designado como el primer candidato del expresidente Rafael Correa. Cruz impugnó ayer la cesación del Cpccs. En sus descargos ante el Cpccs, la semana pasada, dijo: “Sí, ocupé con orgullo esos cargos públicos.

La gente de bien no tiene miedo a ser funcionario público”. Hasta ahora, el Cpccs ha cesado a 11 funcionarios como resultado de las evaluaciones. Los equipos examinadores del Cpccs encontraron nexos políticos de las autoridades cesadas con el anterior Régimen, en al menos seis casos.

La falta de independencia se analiza en el primer parámetro de la evaluación, que se refiere a la legitimidad en el cargo. Se estudian, por ejemplo, los puestos que ocuparon los funcionarios antes de ser designados como autoridades.

A estos 11 cesados se suman otros tres. Carlos Ochoa (Supercom), por una sanción de la Contraloría. Patricio Rivera (Superintendencia de Economía), por una posesión tardía. Y Ramiro Rivadeneira (Defensoría del Pueblo), quien se negó a ser evaluado. Rivadeneira y Rivera también fueron parte del gobierno de Rafael Correa.

El Cpccs tiene 44 días para concluir las evaluaciones, según el plazo que se estableció en la consulta popular. Debe completarse el proceso en seis instituciones. Están, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y la Defensoría Pública.